Aunque el Ministerio de Salud Pública no ha investigado ni elaborado ningún protocolo de atención para las personas agredidas con Ácido del Diablo, las implicaciones sociales, económicas y psicológicas de este tipo de arma son devastadoras.
El director de la Unidad de Quemados del Hospital Luis Eduardo Aybar, Carlos de los Santos, reveló en El Gobierno del Sábado, de la Z101, que el Distrito Nacional es donde generalmente se observan lesiones por quemadura con este tipo de ácido.
Las personas afectadas son generalmente mujeres y los motivos inicialmente eran por asuntos pasionales, aunque ya se está viendo la utilización del ácido del diablo en actos delincuenciales: “para quitar una cadenita para comprar la piedra o cuando los delincuentes son sorprendidos sacan su frasco en este ácido como si fuera un arma de fuego”.
Qué es el Ácido del Diablo? Es una mezcla de diferentes ácidos que se convierte en un ácido de alto grado corrosivo. Generalmente se mezcla ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, removedor de pintura de carros, que a veces se mezcla con “plomerito”, “que es un alcalino de altísima potencia”, dijo De los Santos.
Eddy Bruno, cirujano de la misma unidad, explicó que en los últimos tiempos le agregan azúcar parda o miel para que la mezcla se haga viscosa y sea difícil de diluir, “porque a mayor tiempo que tú tienes para diluir ese componente en tu piel, mayores son los daños. El efecto depende del tiempo que perdure en la piel y de la concentración del ácido”.
El tratamiento inmediato es colocar la parte afectada por ácido del diablo bajo un grifo o llave con agua que corra por horas, si es posible, de modo que el ácido se vaya eliminando, pero con miel o azúcar es más difícil eliminar la sustancia, por lo que puede llegar hasta afectar los huesos.
La Unidad de Quemados del Aybar ha hecho esfuerzos por determinar qué tipo de ácido se forma cuando desaprensivos combinan todos estos ácidos, pero en el país no ha tenido éxito con el Inacif y Digenor, instituciones que no pudieron decirles de qué se trata. Actualmente esperan el resultado de una espectrofotometría de un instituto en Miami, porque entienden que si determinan qué tipo de ácido se forma, es posible encontrar un antídoto.
En busca de un antídoto
“La única forma quizá de tratarla, de mejorar la forma de tratamiento, sería investigar el tipo de sustancia, lo que nos remitiría a un aspecto de social y de orden público como prohibir la venta de algunas sustancias, controlarlas”, explicó de los Santos, para continuar diciendo:
“Estamos viendo un incremento inusitado en los últimos años, no solamente en la frecuencia ni en la determinante cultural del uso del ácido del diablo, sino también en la cantidad de la sustancia que se usa para hacer el daño”.
De los Santos y Bruno coincidieron que antes los agresores usaban medio frasco de compota con ácido del diablo, pero que ahora se está viendo el uso de cubos o baldes con esta sustancia, especialmente en riñas barriales, cobro de deudas y -la más común- por celos.
Recordó el caso de una riña donde murió una mujer y otra -embarazada- quedó totalmente deformada, cuando fueron atacadas con un cubo de Ácido del Diablo. De los Santos también dijo sentirse espantado por la información que escuchó de que los menores que atacaban taxistas para robarles y matarlos, le dieron a ingerir la sustancia a una de sus víctimas.
“Las consecuencias en término de la piel y el trauma son devastadoras, son deformantes, una sola gota de esa sustancia que te caiga en la cornea te va a producir una ceguera, con unas cicatrices hipertróficas severas, muy feas”.
Criminalizar la fabricación y el uso
“Lo que hay que tener control y yo diría que lo que hay que pensar es en la criminalización”, explicó de los Santos, para quien los jueces que tengan que decidir sobre una persona acusada de agresión con Ácido del Diablo cree debe condenarla a una pena mayor que si usara un arma de fuego.
Comparó el ácido del diablo con una chilena, ambos son una mezcla de varios elementos no prohibidos que al unirse crean un arma, y criticó que el uso de la chilena está criminalizado, mientras no sucede lo mismo con el ácido del diablo. “Hay que comenzar a pensar qué se va a hacer para penalizar”, incluso, para quienes lo fabrican.
Encima de todo, Salud Pública no brinda apoyo a los afectados, apenas la atención que reciben en la unidad de manera ambulatoria que genera un costo por paciente de 2 mil a 3 mil pesos.
El costo es tan grande que no lo pueden asumir
De acuerdo a De los Santos, si un paciente afectado por esta sustancia fuera ingresada a la unidad, le costaría al Estado 21,648 pesos diarios, lo cual es imposible costear con un promedio de estadía de 14 días, lo que generaría un gasto por paciente de 360 mil a 420 mil pesos.
“Pero hay un costo que nunca se va a poder calcular es el corto a la sociedad, a la familia, al paciente, pérdida laboral, termina en deformidad...”, dijo De los Santos al tiempo de informar que hay una joven haitiana en el país cuyo rostro resultó totalmente deformado por esa sustancia, que le fue lanzada por un asaltante: Ella es la tercera candidata para trasplante facial.
Pero Bruno entiende que el trasplante facial es una quimera para República Dominicana como alternativa para dar respuesta a las lesiones por Ácido del Diablo. “Estamos muy lejos de eso”.
Dé dónde viene esta modalidad de violencia
El director de la Unidad de Quemados del Aybar cree que el uso del Ácido del Diablo en el país viene de Jamaica, de gangas jamaicanas que tuvieron contacto con grupos dominicanos en los barrios de Estados Unidos y que luego fue traído al país, especialmente a los barrios periféricos.
Lo peor de todo, es que en esos mismos se está utilizando como medio de defensa contra delincuentes. “Las mujeres andan con un frasco con Ácido del Diablo en las carteras como si se tratara de un spray pimienta, lo que complica el problema”, aportó Bruno.
Dijo que desde que se creó la unidad, hace unos 20 años, están viendo el uso de este ácido doméstico como arma en la violencia interpersonal, pero esta deducción la hacen los médicos sin que las autoridades policiales, judiciales y de salud pública hayan hecho una investigación para determinar el origen del uso.
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