LONDRES (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió este martes a las autoridades de la República Dominicana que investiguen a fondo la desaparición hace un año de Juan Almonte Herrera, un dominicano que presuntamente fue secuestrado por miembros de la Policía. En su comunicado, Amnistía subraya además que está preocupada "por las frecuentes denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la Policía y las fuerzas de seguridad en la República Dominicana".
Sobre el caso de Almonte, la organización informa de que el 28 de septiembre del 2009 fue raptado cuando se dirigía a la oficina donde trabajaba como contable, en Santo Domingo, por un grupo de hombres armados que se cree que pertenecían a una unidad policial antisecuestros.
Esos hombres lo introdujeron a la fuerza en un automóvil, que abandonó rápidamente la zona.
Un año después de su desaparición, la familia y los abogados de la víctima, que era miembro del Comité Dominicano de Derechos Humanos, siguen esperando un informe oficial sobre el estado de la investigación, al tiempo que temen que Juan esté incomunicado o que lo hayan matado, apunta AI.
"Las autoridades dominicanas deben investigar su desaparición o dar a conocer el paradero de Juan, si es que está detenido por las fuerzas de seguridad. Es muy preocupante que, un año después de su desaparición, parece que no se está haciendo nada para saber su suerte", dice Chiara Ligouri, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe.
La Policía aseguró que el desaparecido estaba siendo investigado por el presunto secuestro de un joven de 19 años en la ciudad de Nagua, en el este del país, y le calificó de fugitivo.
A finales de octubre del 2009, se hallaron dos cuerpos carbonizados en un automóvil en Santo Domingo, uno de los cuales fue identificado como el de Almonte por su hermana, señala Amnistía.
La familia cree que las pruebas de ADN que se realizaron posteriormente, y que dieron negativas, fueron manipuladas.
Tras exigir una investigación, los familiares y abogados del desaparecido denuncian ahora que están bajo vigilancia por parte de la Policía y que han recibido amenazas contra airear el caso.
"Las autoridades dominicanas deben ofrecer protección adecuada a los familiares y abogados de Juan Almonte Herrera, de manera urgente conforme lo desean", afirma Chiara Ligouri.
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