SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), a través de declaraciones de su presidente, Trajano Potentini, consideró que la reforma constitucional, ha sido abandonada a su suerte y dejada a la deriva, sobre todo en este tramo por demás delicado, en razón de los amplios requerimientos que precisa la carta magna para su implementación, necesitando de la creación de decenas de leyes para objetivizar su eficacia normativa.
A juicio de Trajano Potentini, se ha perdido el interés por el tema constitucional, al parecer porque todo lo que la clase política perseguía aparentemente ya lo ha logrado, a nivel político.
Sin embargo, la sociedad necesita que la Constitución funcione, que su contenido normativo se traduzca en realidades, y ello no será posible si se continúa sentado a la sombra en vez de recorrer el camino del progreso.
La FJT ha realizado varios llamados públicos a los comisionados designados por el Poder Ejecutivo para que lideren esta parte del proceso con la integridad profesional de que sus miembros hacen gala con toda justicia.
Pero es necesario producir resultados, y no solamente necesario, sino imprescindible para evitar el caos legislativo que se origina tanto en la cantidad de documentos inconexos, cuando no innecesarios, como por la falta de una voluntad unificadora y con visión de totalidad que dé forma a un verdadero sistema jurídico-constitucional.
Entre las propuestas que la FJT sugiere observar detenidamente está la de crear un Comisionado de Asuntos Constitucionales y Legales, institución que puede evidenciar la voluntad política en la construcción democrática a través de la correcta implementación de la reforma constitucional.
Hasta el momento, si se observa el desarrollo de los acontecimientos, a lo más que se podrá llegar será a una Constitución de avanzada soportada por leyes en su mayoría obsoletas, completadas con instrumentos recientes pero no relacionados, es decir, desvinculados de un propósito o eje de desarrollo.
Esa falta de interés y total descoordinación es lo que provoca que la sociedad civil y algunos legisladores presenten proyectos de leyes y hagan esfuerzos que, con las mejores intenciones, padecen del defecto de no ser resultado de la misma voluntad política que impulsó la reforma constitucional en sus inicios, de la que se entiende es la más llamada a realizar los necesarios aportes por la institucionalidad.
Según Potentini, la mejor muestra de lo que ese tipo de situaciones provocas se ve en la votación de leyes incompletas, como las que crean los Consejos del Ministerio Público y del Poder Judicial, creadas a la carrera, sin consenso, sin la participación abierta e incluyente de sus miembros, hasta el punto de que el Poder Ejecutivo debió observarlas para evitar el daño institucional que resultaría de la aplicación de esos instrumentos.
“Finalmente queremos dejar como reflexión a la sociedad dominicana, a la clase política y a la propia sociedad civil, el hecho preocupante de que al día de hoy no se advierte ningún compromiso o esfuerzo coordinado por parte del estado dominicano para impulsar y dar cumplimiento a los requerimientos constitucionales”, expresó Potentini.
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