martes, 21 de septiembre de 2010

Procuradora adjunta demanda por difamación a Rafael Ariza, abogado de Mary Peláez

El abogado de Mary Peláez, implicada en el caso Figueroa Agosto, doctor José Rafael Ariza, fue demandado esta tarde por la procuradora adjunta de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, doctora Carmen Alardo, quien le reclama una indemnización de 30 millones de pesos por haber proferido contra ella alusiones personales difamatorias que atentan contra su dignidad, y por lo que además le solicita que se retracte de las mismas.
La información fue ofrecida al portal z101digital.com por una fuente judicial de entero crédito que contactó el depósito de la demanda en la primera sala de la Corte de Apelación a las 4:00 de la tarde de este lunes.

El doctor Rafael Ariza acusó la semana pasada a la magistrada Alardo de estar involucrada en una relación sentimental -la que consideró un hecho notorio- con el juez presidente de la Corte, magistrado José Arturo Uribe Efres.

En su demanda, la funcionaria del Ministerio Público está representada por los abogados Manny Sierra, Leo Sierra y Fidel Pichardo Baba.


Se recuerda que la magistrada Alardo ha participado en representación del Ministerio Público en los sonados casos Baninter, donde fungió como encargada de la instrucción preliminar, así como en la parte inicial del caso Bancrédito (Arturo Pellerano), y del Banco Mercantil.
También jugó un papel de principalía en el Tribunal de Alzada en el caso de incesto que involucró a la hija de la comediante Nany Peña, que culminó con una condena de 20 años para el agresor sexual. De igual modo actuó en el caso que concluyó con la extradición a los Estados Unidos del presunto narcotraficante Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, mejor conocido como “Maconi”, sindicado como lugar teniente de Quirino Ernesto Paulino Castillo.

Con más de 10 años en la carrera del Ministerio Púlico, la magistrada Carmen Alardo se ha desempeñado también como Juez de Paz interina, entre otras funciones. Es reconocida como una profesional con un acentuado criterio de la ética y el buen desempeño público.

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