miércoles, 20 de octubre de 2010

Jueza reitera gays no podrán entrar a Fuerzas Armadas EEUU

LOS ANGELES.- Una jueza federal desestimó formalmente el martes permitir al Pentágono reinstaurar la prohibición de que personas abiertamente homosexuales ingresen a las fuerzas armadas mientras se apela su decisión de declarar inconstitucional la política de "no pregunten, no digan".


Un día después de provisoriamente ponerse en contra del Gobierno, la jueza de distrito Virginia Phillips emitió una decisión por escrito en la que deniega el pedido gubernamental de que levantara su propia orden que impedía al Pentágono mantener la prohibición.

Aunque las preocupaciones del Gobierno sobre la disposición y cohesión de las fuerzas armadas son importantes "estos intereses son superados por el imperioso interés público de salvaguardar derechos constitucionales fundamentales", escribió la jueza en su fallo de seis páginas.

El presidente Barack Obama ha insistido en que sigue apoyando su promesa de campaña de terminar con la política de "no pregunten, no digan", pero su gobierno ha pedido a la jueza más tiempo para hallar una solución política al asunto antes que una impuesta por la justicia.

El Pentágono ha sostenido también que un cambio abrupto en una política que lleva 17 años y fue instaurada durante la presidencia de Bill Clinton podría dificultar las tareas de las fuerzas militares.

El Gobierno ha dicho que llevará su caso a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para que permita que su política pueda seguir en vigencia mientras se revisa el recurso de apelación.

Phillips, que fue nombrada para su cargo por Clinton, falló en septiembre que la política que introdujo el ex mandatario infringe los derechos de libertad de expresión y debido proceso de los gays y lesbianas que integran las fuerzas armadas.

La política de "No pregunten, no digan" entró en vigor como un compromiso entre regulaciones previas que excluían a los gays de las fuerzas armadas y la promesa de Clinton de terminar con esa exclusión.

La nueva ley prohibió a los comandantes preguntar a los soldados o reclutas sobre su orientación sexual, pero exponía a estos a su expulsión de las filas militares si se revelaba de su parte algún comportamiento homosexual.

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