SANTO DOMINGO.- El director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) alegó que el sistema judicial dominicano no está concebido para sancionar la corrupción en la administración pública.
Hotoniel Bonilla explicó que ésa es una realidad que se vive en la mayoría de los países de América Latina.
Dijo que, en cambio, cuando se trata de sancionar la corrupción en los casos de personas que no tienen relevancia política, la justicia actúa con mucha eficiencia.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, el director de la DPCA puso como ejemplo los casos de Marcos Lara, ex director del Programa de Reducción de Apagones, y José Lois Malkún, ex gobernador del Banco Central.
Agregó que el expediente de Lara, quien no tiene relevancia política, ya su expediente fue enviado a un juicio de fondo, mientras que el de Malkún, un alto dirigente político acusado de entregar ilegalmente pagarés a los ejecutivos de Bancrédito, tiene más de un año dando vuelta en los tribunales.
“Eso confirma mi tesis presentada para optar por la maestría en Costa Rica que demostró que en América Latina, y por supuesto aquí en la República Dominicana, el sistema de justicia no ha sido concebido para sancionar al liderazgo político que incurre en acto de corrupción en la administración pública”, reiteró el funcionario judicial.
Importantes avances
Aclaró, sin embargo, que la justicia dominicana ha tendido importantes avances en los últimos diez años e igual comportamiento ha tenido el Ministerio Público.
Con respecto a los casos de corrupción que están pendientes mencionó el de José Lois Malkún, y el de Héctor Rodríguez Pimentel implicado en supuestas irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Dijo que en lo referente al desvío de los pagarés hecho por la gestión de José Lois Malkún en el Banco Central, ya se comprobó las violaciones que se comprometieron cuando los ejecutivos de Bancredito devolvieron dichos instrumentos a esa institución oficial.
Precisó que en el transcurso de la presente semana el tribunal apoderado del caso se pronunciara sobre los meritos de las acusaciones formuladas por el DPCA contra los imputados.
Defiende medidas
Por otro lado, defendió las medidas puestas en marcha por el gobierno del presidente Leonel Fernández para prevenir la corrupción administrativa.
Con respecto a las denuncias contra funcionarios del gobierno por los bienes que poseen, Bonilla dijo que la tenencia de un bien no implica necesariamente que una persona que desempeñe una función pública haya incurrido en actos de corrupción.
No obstante aclaró que todas las denuncias que se hacen, principalmente las que se producen en los medios de comunicación, son investigadas por el departamento que dirige acorde con los recursos que tiene a su disposición.
Hipólito debió renunciar por mal gobierno
Bonilla señaló que el ex presidente Hipólito Mejía debió renunciar a la presidencia de la República cuando sumió al país en un estado de calamidad nacional en todo el sentido de la palabra.
Bonilla se expresó en esos términos al responder la petición del ex mandatario de que renunciara al cargo de director de la DPCA por presuntamente no haber hecho nada para sancionar los actos de corrupción en la presente administración.
El director de la DPCA dijo que da por terminado la polémica con Hipólito Mejía pero que no le teme a las amenazas que ha hecho en su contra
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