El asilo otorgado a María Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, el servicio de inteligencia controlado por la presidencia, destapó otra vez, el escándalo que investigan los jueces colombianos por las "chuzadas" o pinchazos de los teléfonos de cientos de opositores, ongs, magistrados, jueces, periodistas, sindicalistas y crítico del gobierno del expresidente Alvaro Uribe.
Desde el año 2009, la intercepción de teléfonos privados, sin autorización judicial, han sacudido a Colombia.
Bajo el pretexto de la política de seguridad, la guerra al terrorismo y al narcotráfico, el DAS comenzó, desde el año 2004, a escuchar las conversaciones de los que no estaban con Uribe.
Hay serias denuncias, que también se investigan en Colombia, de seguimientos, tomas de fotografías, amenazas por teléfonos, envío de muñecas ensangretadas a opositores, seguimiento a los hijos, acciones de descredito e informaciones falsas para vincular a los adversarios a delitos.
La Corte Suprema, que rechazó la relección de Uribe, por un tercer periódo y los jueces que investigaban ejecuciones extrajudiciales fueron víctimas de esta ilegal actividad, propia de los regímenes de terror, tal como afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Colombia, Jaime Arrubla.
En Panamá fue destituida la Procuradora General, Ana Matilde Gómez, por autorizar un "pinchazo" a un fiscal sospechoso de cometer el delito de concusión.
Aunque la víctima del delito autorizó escuchar las llamadas que le hacía el fiscal, la Corte Suprema consideró que al no pedir autorización judicial paa ello, violó la ley y la Constitución Nacional.
Si bien es cierto, Panamá es soberana en sus decisiones sobre diplomacia y asilo, el argumento usado para acoger a la exdirectora del DAS, María Pilar Hurtado generan suspicacias, porque las chuzadas colombianas no pueden ser buenas.
Son rebatibles las dos razones anunciadas: la seguridad de Hurtado y una contribución a la paz y tranquilidad de la región.
Hurtado era una funcionaria, no un político perseguido seguido por masas, ni un militar de alto rango, con control de cuarteles o tropas.
En Colombia tenía seguridad personal y su juicio era penal y no político; así como el de otros exfuncionarios del DAS, ahora expuestos a la vindicta pública.
El caso más famoso de espionaje telefónico fue el Watergate en Estados Unidos y luego siguieron, en el pasado reciente, los Vladivideos en Perú, y los pinchazos que tienen en jaque al Juez Baltazar Garzón en México.
Durante el gobierno de Guillermo Endara, el desaparecido exmandatario acusó con pruebas en mano al Partido Demócrata Cristiano (PDC) hoy Popular, de intervenir los teléfonos de su oficina, su casa y de los ministros.
Hace seis meses el opositor PRD dijo que espiaban a sus principales dirigentes y presentó como prueba una conversación entre Mitchell Doens y un dirigente de Bocas del Toro, subida a You Tube y distribuida a la prensa local.
Hurtado y los agentes del DAS que la ayudaron estarían involucrados en sabotajes a jueces, vinculación de opositores a grupos armados, de preparar amenazas, falsificar y robar documentos, vigilancia electrónica, espionaje ilegal, concierto para delinquir y abuso del poder.
Ya la ONU dijo que estos delitos pueden ser considerados como "tortura" y de lesa humanidad, porque las operaciones de inteligencia y contrainteligencia del Estado no son para recoger chismes, propagar bochines, seguir y vigilar a los hijos de los opositores, ni para sembrar el terror.
El autor es periodista, editor de HORA CERO, analista político, educador, exdirector de La Estrella de Panamá, excorresponsal de la Agence France Presse y exportavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
Artículo tomado de www.horacero.com.
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