MADRID.- Tras más de 20 horas cerrado, el Ministerio de Fomento ha anunciado a pocos minutos de las 16.00 la reapertura del tráfico aéreo en España tras el regreso de la mayoría de controladores a sus puestos.
Esta medida extrema implica que a los controladores que no regresen a sus puestos de trabajo se les aplicará el código penal militar, podrían ser conducidos inmediatamente ante un juez y ser acusados de un delito de desobediencia que, según el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, "puede acarrear graves penas de prisión".
El estado de alarma, que se puede mantener hasta un máximo de 15 días, es una de las herramientas de que dispone el ejecutivo para hacer frente a situaciones de crisis. En caso de que fuera necesario extender la situación durante más tiempo, esa prórroga debería ser aprobada por el Congreso.
Previamente, el gobierno español tuvo que militarizar el control de su espacio aéreo. En algunos de los aeropuertos más importantes del territorio como Barajas en Madrid, Baleares y Canarias, el 90% de los controladores estaba ausente de sus puestos de trabajo.
Las medidas aprobadas en reunión urgente con el Ministerio de Defensa incluyen el envío de 300 controladores militares a las torres de control y la apertura de los aeropuertos militares al tráfico civil para superar el caos que afecta a más de 300.000 personas que iban a disfrutar el puente festivo más largo del año.
La ausencia masiva de los controladores aéreos -que abandonó espontáneamente sus puestos de trabajo alegando problemas físicos- coincide con la aprobación este viernes de un polémico decreto que, entre otros aspectos, subordina a este colectivo al Ministerio de Defensa y ordena revisiones médicas a los profesionales in situ para comprobar las bajas por enfermedad.
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