El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, anunció que están trabajando en la concertación de un plan de Estado para establecer un proceso de desarmar a la población, iniciando por los ciudadanos que utilizan esos artefactos de manera ilegal, generando muertes por violencia de la sociedad y la delincuencia.
Resaltó que la propuesta será discutida por todas las instituciones que tienen que ver con el tema, para luego someterla al Consejo de Seguridad Nacional que encabeza el presidente de la República, Leonel Fernández.
El doctor Jiménez Peña hizo la declaración al encabezar un encuentro junto al ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda; los jefes de la Policía, mayor general José Armando Polanco, y del Ejército, mayor general Carlos Rivera Portes, así como el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, mayor general Rolando Rosado Mateo.
En la reunión participaron procuradores generales adjuntos y de cortes, fiscales y demás miembros del Ministerio Público, así como viceministros de Interior y Policía, entre otros oficiales del Ejército y la Policía.
El doctor Jiménez Peña destacó que el porte y tenencia de armas de fuego fue el tema central que se abordó en la reunión que se llevó a cabo en el auditorio de la Procuraduría General de la República.
Dijo que es necesaria la integración y la sensibilización de toda la sociedad dominicana, porque el porte y tenencia de armas de fuego tiene un impacto terrible, no solamente por la pérdida de vidas humanas sino también por el costo económico que genera, ya que en el pasado año, 5,000 personas tuvieron que ser recluidas en centros hospitalarios por heridas producidas por situaciones de violencia de la misma sociedad.
Calificó como preocupante que en el país, el 65% de las muertes violentas son producidas por la utilización de armas de fuego, al tiempo que afirmó que esa intranquilidad también es compartida por el ministro de Interior y Policía.
Explicó que ante esa situación, “nosotros como responsable de la política criminal del Estado hemos convocado, con lo que ha sido prácticamente el consenso de los ministerios públicos, para comenzar a socializar con estas autoridades que son responsables de la prevención y del delito para que logremos consensuar una serie de medidas tendentes a control en el país el porte y tenencia de armas de fuego”, puntualizó.
Agregó que se discute en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reformar la No. 36 sobre porte y tenencia de armas de fuego, “y las autoridades que tenemos que ver con la seguridad ciudadana no podemos esperar a que se apruebe esa ley que está en curso de conocerse, sino que debemos ir acortando las medidas necesarias a los fines de reducir este tipo de acción que tanto daño causa al país”.
Informó que las estadísticas de la Procuraduría, con corte hasta septiembre del presente año, arrojan un total de 1172 fallecimientos a causa de la utilización de armas de fuego, lo que refleja que el 53% de esas muertes son producidas por situaciones de violencia.
Manifestó que el año pasado, 1,533 fallecieron, lo que representa el 65% de las muertes a causa de la violencia generada por la misma sociedad.
Franklin Almeyda
El ministro de Interior y Policía destacó que el plan que propone el procurador es necesario e indispensable porque existen 2,000 armas de fuego registradas en esa cartera.
Almeyda aseguró que sería un éxito para el país lograr que el Congreso Nacional apruebe el desarme de la población en general.
Explicó que el porte y tenencia de armas de fuego es una preocupación mundial que genera una especie de criminalidad que escapa del control de las autoridades. Dijo que justamente para tratar ese tema se realizará un encuentro con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Manifestó que en el país se autorizan armas de fuego luego de hacer pruebas psiquiátricas, antidoping y destrezas en el manejo de esos artefactos.
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