El gobierno y la Iglesia Católica reconocen la necesidad de que en el país se implementen mayores controles para frenar la inmigración haitiana. Mientras, el embajador de Haití en el país defiende a sus conciudadanos, pero dice que su gobierno respeta el ejercicio de soberanía de la República Dominicana. Comunidades de Santiago y San Juan de la Maguana amenazaron con expulsar a haitianos residentes en esas provincias. Los acusan de participar en acciones delictivas y de estimular la expansión del cólera con el lanzamiento de materia fecal en techos y callejones.??Ante estas advertencias, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dijo no estar de acuerdo con la violencia, y favoreció la búsqueda de una vía de entendimiento, sensatez y colaboración.
“Pero para eso haría falta mejorar la situación de la inmigración”, dijo el Arzobispo Santo Domingo. El jerarca católico entiende que se trata de una situación delicada que debe manejarse con cautela. Mientras, el Canciller, Carlos Morales Troncoso, apoya la posición del cardenal y afirma que se avanza en la solución del problema en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, reactivada en julio pasado “Estamos muy avanzados, estamos esperando ya que la situación política de Haití se normalice, entonces ya comenzar de manera seria, comenzar a hablar esto con el nuevo gobierno de Haití”, indicó Morales Troncoso.
El embajador de Haití en el país admite que algunos de sus compatriotas violan las leyes nacionales, pero afirma que la mayoría de ellos colabora con el progreso de República Dominicana.
No obstante, Fritz Cineas deja en manos del gobierno dominicano cualquier decisión sobre el tema. “El gobierno ha sido siempre respetuoso de las decisiones que el gobierno dominicano tome en defensa de su soberanía”, dijo. La Ley de Migración data del año 2004, pero no se aplica por falta de un reglamento.?
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