Santo Domingo
El fiscal del Distrito Nacional, dijo hoy que crearía un precedente la decisión de un tribunal que ordenó procesar al director general de Migración, al encargado de la Interpool en el país y a una fiscal adjunta acusados de desacato por la extradición de polaco Radoslaw Fillip.
Alejandro Moscoso Segarra sostuvo que respeta la decisión dictada por el juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, durante el conocimiento de un recurso de habeas corpus, pero que no la comparte.
Empero, el representante del Ministerio Público dijo que la misma deberá ser decidida por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Juan Amado Cedano Santana.
Moscoso Segarra sostiene que si decisiones como ésa se continúan produciendo, los tribunales se llenarán de casos insólitos y sin fundamento.
“Usted se imagina que el Estado dominicano tenga un impedimento para deportar a una persona requerida por otro país, o no declarar una persona no grata porque un juez diga que no es posible deportarlo” expresó Moscoso Segarra.
Sin embargo, el abogado de Radoslaw Fillip, Manuel Sierra, defendió la decisión del juez de instrucción, ya que entiende que el magistrado actuó de conformidad con el Código Procesal Penal, la Constitución y los tratados internacionales de los que es signatario el país.
“Moscoso Segarra es quien se ha colocado al margen de la ley, porque él se inmiscuye en las decisiones de otro poder. El Fiscal es quien incurre en una grosera violación cuando apoya que se violenten derechos fundamentales”, acotó Sierra.El juez adoptó la decisión, tras conocer un recurso de habeas corpus interpuesto por el polaco, quien el pasado 31 de diciembre fue apresado por la fiscal adjunta Rita Durán bajo el alegato de que había raptado un hijo suyo, cuya custodia fue cedida a la madre de este en Polonia.
Censura actuación fiscal adjunta
Por otro lado, el fiscal censuró la actuación de una fiscal adjunta de Puerto Plata que fue arrestada por tratar de sobornar a un comerciante.
El funcionario dijo que es un acto que no debe apañarse y que el representante del ministerio público que se extralimite en sus funciones o cometa actos reñido con la ley debe ser sancionado
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