La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) y la Federación de Asociaciones Industriales (FAI) llamaron la atención sobre el agravamiento de la dispersión y la falta de articulación entre instituciones del Estado, fenómeno que crea incertidumbre, desconfianza y un sentimiento de desamparo en los ciudadanos.
Los presidentes de las entidades empresariales, Wadi Cano Acra e Ignacio Méndez, pusieron como ejemplos palpables de ese problema la crisis del desayuno escolar, que se le ha ido de la mano al Ministerio de Educación y el choque institucional entre la Superintendencia de Bancos y el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), como si se tratara de una guerra por el control de un territorio.
Asimismo, citaron las medidas para la reducción de la corrupción, en las que no se ha avanzado ni un metro; el desorden mayúsculo en la gestión del transporte público, matizado por el otorgamiento de privilegios, el cambio repentino de reglas del juego del Ministerio de Industria y Comercio en el tema de los combustibles, la contrarreforma en las políticas de competitividad y la gran crisis en la seguridad pública con charcos de sangre por doquier.
La AEIH y la FAI también citaron la falta de definición para conformar los estamentos previstos en la nueva Constitución de la República, como el Tribunal Constitucional, proceso en el que prevalecen los rumores y las querellas sobre posible búsqueda de capital político através de determinados amarres no institucionales.
A juicio de las entidades empresariales, los elementos antes señalados tipifican el estado de desconfianza en que viven los ciudadanos frente a las instituciones, que ha sido descrito de manera apropiada en el informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, encabezada por el experto francés Jacques Attali.
Resaltaron que, con sobrada razón, el citado informe señala que la población dominicana considera cada vez menos que las instituciones puedan representar una solución a los problemas colectivos, una situación que lleva al 90% de los ciudadanos a pensar que el país no es gobernado por el bien de todos.
Los dirigentes empresariales consideraron urgente que el Gobierno establezca “un programa de administración por objetivos, mejorando la gerencia pública con un reenfoque local, estableciendo un diálogo entre la clase gobernante y el pueblo, más allá de las simples estadísticas de la macroeconomía y del discurso aspiracional en foros internacionales.
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