Partidos reciben RD$6,000 millones de fondos estatales

Fondos públicos. El Estado entrega la contribución económica a los partidos políticos cada año del Presupuesto Nacional, equivalente a 1/2 por ciento de los ingresos nacionales en los años electorales generales y 1/4% en los años donde no hay elecciones generales. RD$4,800 MILLONES FUERON DISTRIBUIDOS ENTRE EL PLD, PRD Y PRSC El Estado dominicano ha desembolsado RD$6,000 millones en favor de los partidos políticos reconocidos desde que fue aprobada la vigente ley electoral número 275-97, tras lo cual se han celebrado siete elecciones, tres presidenciales y cuatro congresionales y municipales.

Esta legislación estableció la obligatoriedad de otorgar del Presupuesto Nacional una contribución anual a estas organizaciones.

De esta cantidad, el 80 por ciento de los fondos, equivalentes a RD$4,800 millones correspondieron en partes iguales a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), porque obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en esos comicios. El 20% restante se distribuyó entre las demás organizaciones reconocidas que no lograron el 5%. Para las elecciones presidenciales del 2012 existen hasta la fecha 28 partidos reconocidos.

Además del PLD, PRD y PRSC, se registran con menos de 5% de los votos los partidos Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Alianza Por la Democracia (APD), Unión Demócrata Cristiana (UDC) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

Además Miuca, Acción por el Cambio; Fuerza Nacional Progresista (FNP), Revolucionario Social Demócrata (PRSD), de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio (DXC), Popular Cristiano (PPC), Demócrata Popular (PDP) y Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC).

También los partidos Cívico Renovador (PCR), Demócrata Institucional (PDI), de Unidad Nacional (PUN), Liberal de la República Dominicana (PLRD), Revolucionario Independiente (PRI), Socialista Verde (PASOPVE), Alianza Social Dominicana (ASD), Alianza País (ALPAIS), Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP) y Verde de la Unidad Democrática (PVUD). Esta última organización resultó extinguida en las pasadas elecciones, por no haber alcanzado la votación requerida para mantener su personería jurídica, y en cambio fue reconocido recientemente el Partido Alianza País.

Exoneraciones
Hasta el 1997 en el país no existió un régimen formal para el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, ya que la anterior ley electoral número 5884, del 5 de mayo de 1962, únicamente consagraba a favor de los partidos la inembargabilidad de sus bienes durante el período electoral y la exención de impuestos fiscales para los documentos que sustentaren cualquier petición ante un organismo electoral.

En la práctica, los partidos eran beneficiados durante la campaña electoral con exoneraciones fiscales, otorgadas en virtud de la ley número 4027 sobre exoneración de impuestos, contribuciones o derechos fiscales al Poder Ejecutivo. Estas exoneraciones eran autorizadas por el presidente de la República de manera discrecional y no estaban sujetas a ningún tipo de reglamentación ni control.

No fue sino hasta el 21 de diciembre de 1997 cuando entró en vigencia la actual ley electoral 275-97, con la que se puso fin a estas exoneraciones y se estableció el financiamiento público de los partidos políticos y las campañas electorales.

Críticas
Una de las principales críticas al sistema de financiamiento es que la contribución económica del Estado se distribuye de manera desigual entre los diferentes partidos políticos, ya que las tres principales fuerzas políticas se las han agenciado para imponer en el Congreso Nacional diversas modificaciones acomodaticias a la ley sobre las asignaciones que reciben.

En efecto, mientras los tres principales partidos reciben el 80% del total de los fondos, a las demás organizaciones se les distribuyen de la siguiente manera: el 12% en partes iguales para los que obtuvieron menos de 5% de los votos válidos emitidos en las elecciones previas y los de nuevo reconocimiento, mientras el restante 8% se distribuye en proporción de los votos válidos obtenidos por cada uno de los partidos que obtuvieron menos del 5%.

Este sistema de reparto surgió en virtud de la ley 18- 05, del 18 de agosto del 2005, mediante la cual se corrompió el principio de la proporcionalidad que imperaba en el sistema, donde se consagraba 75% en forma proporcional a los votos y 25% a partes iguales a todos los partidos a los que se aprobaran candidaturas. Se recuerda que en las eleccines del 2004 el PRSC solo obtuvo 8.14% de los votos válidos y en el 2008 volvió a descender hasta situarse en 4.59%.

Estos recursos, consignados en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos, provienen del equivalente al 1/2% de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y 1/4% en los años que no haya elecciones generales. La situación ha originado en determinados momentos históricos amplios debates, como el ocurrido en mayo del 2007, cuando el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez favoreció que el Estado dejara de entregar recursos a las organizaciones políticas para la camapaña electoral, y el presidente de la JCE de entonces, Julio césar Castaños Guzmán, consideró que el sistema de financiamiento que establece la ley electoral necesitaba una revisión en cuanto al monto permitido, en razón de que los montos destinados cada vez eran más grandes, debido al crecimiento económico sostenido del país. “Llegará el momento que eso podría convertirse en una suma astronómica”, dijo Castaños Guzmán.

Debate
También distintos sectores del país sostienen que debe impulsarse la Ley de Partidos Políticos, que se encuentra depositada en el Congreso Nacional desde hace varios años, pero que los intereses de los partidos mayoritarios impiden su conocimiento y aprobación.

Ayer el secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, dijo que la mayor contribución que se puede hacer para mejorar el actual sistema de distribución de fondos a las organizaciones políticas es aprobar el proyecto de ley de Partidos Políticos, mientras que el secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, consideró positiva la asignación de los recursos, porque fortalecen el accionar democrático, y valoró el trabajo que realizan la JCE y la Cámara de Cuentas para la fiscalización del uso de los recursos públicos por parte de los partidos políticos.

CONFÍAN EN LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS
Para el PRD la mayor contribución que se puede hacer para mejorar el actual sistema de distribución de fondos a las organizaciones políticas es aprobar el proyecto de Ley de Partidos Políticos. El secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, manifestó que ese partido ha hecho sostenidos esfuerzos para que se apruebe ese proyecto de ley, porque constituye el marco que asegura la igualdad de derechos entre las organizaciones políticas y norma su vida institucional de cara a la realidad de los nuevos tiempos.

Dijo que la JCE ha tomando iniciativas importantes para organizar y trasparentar el uso de los fondos que, en virtud de la ley, entrega a los partidos políticos en las que dispone una serie de requisitos para asegurar la necesaria rendición de cuentas por parte las organizaciones políticas.

Mientras el PRSC valora como positiva la asignación de fondos para los partidos políticos, por considerar que fortalece el accionar de la democracia. El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, ponderó que en la actualidad la JCE y la Cámara de Cuentas están dando un control previo al uso de los recursos que se entregan a los partidos, además de que se aprobó un reglamento que ha ayudado a transparentar el ejercicio administrativo de los partidos. “El PRSC ha sido modelo y ejemplo del manejo de los recursos, nosotros saludamos la forma que ha implementado la JCE y la labor que está haciendo la Cámara de Cuentas en la fiscalización del uso de los recursos públicos por parte de los partidos políticos”, enfatizó. Dijo que el PRSC no solo se ha acogido al reglamento sino que está destinando un porcentaje de los recursos a la formación y educación de sus militantes, asumiéndolo como una decisión propia.