Entre el 28 y 29 de junio los jueces escucharán a una de las presuntas víctimas, testigos y peritos.
En el proceso no participará la jueza dominicana Rhadys Abreu, quien se excusó debido a su nacionalidad. El mismo miércoles iniciará la audiencia por el caso de la familia Barrios contra Venezuela.
La última víctima fue Juan José Barrios, asesinado el 28 de mayo por dos personas que le dispararon en varias ocasiones.
La organización privada Cejil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington indicaron que se trata del séptimo miembro de esa familia en ser asesinado en un lapso de 13 años.
"La familia Barrios está siendo exterminada frente a la inacción del Estado, que ha ignorado los llamamientos, decisiones, recomendaciones y órdenes de los dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", indicó la CIDH en un boletín.
Juan José Barrios incluso era beneficiario de medidas provisionales dictadas por la Corte.
La audiencia terminará el jueves. Los jueces continuarán el 6 de julio con la demanda presentada el año pasado contra Ecuador por haber otorgado un permiso a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en el territorio del pueblo indpigena Kichwa de Sarayaku, ubicado en la provincia amazónica de Pastaza, sin consulta previa.
La Corte también incluyó en este periodo varias audiencias públicas por medidas provisionales, dos de Colombia: asunto comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó y, la problemática del pueblo indígena Kankuamo, ambas el 27 de junio.
Otras dos de México: el asunto Inés Fernández Ortega y otros; así como el caso Rocío Irena Alvarado Reyes y otros.
Los dos casos se ventilarán el 28 de junio. De posibles sentencias, la Corte indicó en un comunicado que deliberará y estudiará la posibilidad de dictar un fallo en los casos de la jueza Chocrón Chocrón contra Venezuela por su "alegada destitución arbitraria del cargo de jueza temporal de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas".
El segundo caso sería el de José Alfredo Mejía Idrovo contra Ecuador relacionado al "supuesto incumplimiento por parte del Estado de una orden del entonces Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de dos decretos ejecutivos de disponibilidad y baja del ejército de Mejía Idrovo".
La Corte es un órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos y sus sentencias son inapelables y de cumplimiento obligatorio.
Está compuesta por los jueces Diego García-Sayán (Perú), que la preside, Leonardo A. Franco (Argentina), Manuel Ventura (Costa Rica), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana), Alberto Pérez Pérez (Uruguay), y Eduardo Vio Grossi (Chile).
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