La barra de la defensa del Estado Dominicano encabezada por el procurador adjunto, Frank Soto, indica que Narciso González no tenía tanta incidencia en la opinión pública que justificara una acción que atentara contra su vida, al momento de su desaparición en 1994.
También indican que la investigación no está cerrada y señalan haber tenido acceso a una carta que estuvo en poder de un hermano de Narcisazo, la cual revela un estado de depresión que lo hacía capaz de cualquier cosa.
Los acusadores alegan por su parte que el Estado dominicano no investigó las amenazas a testigos e informantes en relación al caso, además de no haber facilitado los elementos obtenidos mediante investigaciones que determinaran el paradero de la víctima, además de que se obviaron testimonios de las últimas personas que le vieron con vida.
La parte dominicana alegó también que el Estado no ha negado el acceso a informaciones y ha dado muestras de buscar el esclarecimiento de la desaparición del comunicador.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Costa Rica y presidida por el juez Diego Garcia Sayán fijó el primero de agosto como fecha improrrogable para presentar los alegatos finales, al tiempo que pidió a las partes centrarlos mas en relación a derechos humanos y coartada contra libertad de expresión.
Durante el juicio, seguido a través del portal de Internet de la Corte Interamericana, la comisión evaluadora del tribunal destacó que el proceso se caracteriza entre otros aspectos por la grave deficiencia en las investigaciones y la denegación de justicia.
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