La iniciativa, cuya duración prevista era de cinco años, pasaría a convertirse en una estrategia continuada por las siete administraciones siguientes y concretada en arrestos, extradiciones, ayuda militar e intervenciones armadas en Colombia, México o Panamá. En las últimas cuatro décadas, el Gobierno estadounidense ha gastado más de 2,5 billones de dólares en la guerra contra las drogas y ha arrestado a más de 40 millones de personas por delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de sustancias. Sin embargo, el número de usuarios ilegales de estupefacientes en Estados Unidos ha seguido aumentando hasta rozar hoy los 20 millones, en un mercado en el que las drogas son cada vez más baratas, más potentes y más fáciles de conseguir.
En un informe publicado este mes, la Comisión Global de Política sobre Drogas de la ONU declaró que la guerra global contra el narcotráfico “ha fallado, con consecuencias devastadoras para los individuos y sociedades de todo el mundo". Con el calculado esquema coordinado desde 1973 por la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) y dotado de una ingente cantidad de recursos, resulta difícil determinar cuál ha sido el gran fallo de la gigantesca cruzada. El zar antidrogas del Gobierno de Bill Clinton, Barry McCaffrey, apuntó en 1996 una eventual causa- es imposible ganar una guerra en la que el enemigo no se puede identificar.
El enfoque policial y militar de la estrategia de EEUU ha supuesto el despliegue de decenas de miles de agentes para perseguir objetivos ocultos y huidizos que continuaban cobrándose vidas, desde el disuelto cartel de Medellín en Colombia hasta los capos mexicanos, pasando por las FARC. Esto ha tenido “consecuencias catastróficas” en esos países, donde la intimidación y las amenazas con las que respondían los carteles han obstaculizado además la independencia de la justicia y la extradición de sospechosos, según denunció el jueves Ethan Nadelmann, director de la organización Drug Policy Alliance.
En los últimos años, la estrategia ha evolucionado hacia enfoques integrales de seguridad como la iniciativa Mérida en México, aunque ésta se ha visto perjudicada por operaciones como “Rápido y Furioso”, en la que el afán por localizar a los capos llevó a perder el rastro de unas 2.000 armas que generaron más muertes. La guerra antidrogas también ha generado una lacra dentro de Estados Unidos, según el gobernador de Vermont, el demócrata Pete Schumlin, quien lamenta que el número de encarcelados por posesión de drogas vaya en aumento y que muchos de ellos se conviertan en reincidentes tras ser liberados. “Necesitamos ayudarles a curar su adicción, no alimentar el problema encerrándolos en lugares donde aprendan a ser mejores criminales”, dijo Schumlin el jueves en una conferencia de prensa en Washington.
Para los Agentes del Orden Contra la Prohibición (LEAP), una recién creada plataforma de jueces, policías y otros agentes del orden estadounidenses, la respuesta es clara- legalización. “Cuanto más peligrosa sea la droga, más importante es acabar con su prohibición y comenzar a controlarla con normas. No podemos seguir dejando elementos tan destructivos en manos de criminales”, dijo a la cadena CNN el portavoz de LEAP, Neill Franklin. El Gobierno de Barack Obama, a través de su zar antidrogas Gil Kerlikowske, aseguró en 2009 que no mantendría el enfoque errado de las administraciones anteriores, pero son muchas las organizaciones que denuncian que el resultado es aún el mismo. Y al igual que a Nixon no le bastó con los 100 millones que solicitó para acabar con el consumo de marihuana entre los “hippies" y la adicción de muchos combatientes en Vietnam a la heroína, tampoco están claros los frutos de los 15.500 millones que Obama ha destinado este año a la tarea, un presupuesto 31 veces mayor que el de hace 40 años. EFE
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