El gobierno estadounidense revisará los más de 300,000 casos de indocumentados pendientes de deportación y dejará de lado a los que no tengan antecedentes, entre ellos miles de jóvenes estudiantes, informaron fuentes oficiales ayer jueves.
“La idea es asegurarse de que invertimos nuestros recursos donde van a tener un impacto masivo, (...) particularmente en aquellas personas que fueron condenadas en este país, para no atascar el sistema” de deportaciones, explicó una de las altas fuentes bajo anonimato en teleconferencia de prensa.
El resto de personas, las que no supongan un peligro para la seguridad del país, verán sus casos cerrados provisionalmente y recibirán una carta, indicó.
“Podrán solicitar permiso de trabajo, pero no es automático. Esas serán también decisiones que serán tomadas caso por caso”, precisó la fuente a preguntas de los reporteros. Estados Unidos deportó en el año fiscal de 2010 (octubre de 2009 a septiembre de 2010) un récord de 392,000 inmigrantes indocumentados.
Más de la mitad de ellos tenían antecedentes por condenas de todo tipo, lo que significa otro cambio histórico en la composición de las deportaciones, que causan regularmente protestas entre grupos de defensa de los inmigrantes, particularmente hispanos. “Los que carezcan de antecedentes no serán perseguidos, pero tampoco “van a recibir ningún estatuto migratorio temporal”, aseguró otra de las fuentes.
El “Dream Act”
Ante la imposibilidad de una reforma migratoria integral, legisladores demócratas y grupos de defensa de inmigrantes persiguen desde hace una década la legalización de esos estudiantes, a través de la denominada Dream Act, que ha fracasado en numerosas ocasiones, la última en diciembre del año pasado.
La nueva directriz del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) no afecta a la vasta mayoría de los cerca de 11 millones de indocumentados que se hallan en Estados Unidos, sino solamente a los que tienen casos pendientes ante los tribunales migratorios.
Las expulsiones de jóvenes estudiantes, e incluso de niños que habían llegado ilegalmente al país de la mano de sus padres, despertó repetidas protestas a lo largo de la presidencia de Barack Obama, quien prometió una reforma migratoria cuando llegó al poder.
ORDENAN ACELERAR LA ENTREGA DE PAPELES
Una jueza de Nueva York ordenó ayer jueves al gobierno federal acelerar la entrega de documentos acerca de un programa de Estados Unidos para identificar a los inmigrantes que pueden ser deportados después de haber sido detenidos. La jueza federal de distrito Shira Scheindlin le dijo al gobierno que libere unos 40.000 documentos sobre el programa denominado Comunidades Seguras a grupos de derechos civiles y defensores de inmigrantes para el 13 de septiembre. La jueza estableció ese calendario después de rechazar un plan del gobierno para entregarlos hasta finales de año.DE AFP
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