El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció ayer que la Policía de Puerto Rico sufre un elevado grado de corrupción, efectúa registros e incautaciones ilegales, discrimina a extranjeros y abusa de la fuerza. El fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Thomas E. Pérez, presentó personalmente en San Juan un informe que señala incluso que la Policía puertorriqueña es responsable de numerosas muertes consecuencia de sus violentas prácticas.
“No será fácil. Las cosas no cambian de un día para otro”, dijo Pérez, de ascendencia dominicana, en un dubitativo español durante una conferencia de prensa en la que advirtió que la Constitución estadounidense debe ser respetada en Puerto Rico. Acompañado por el gobernador de este estado libre asociado, Luis Fortuño, el fiscal resaltó que su Departamento se ha propuesto que la Policía puertorriqueña modifique sus procedimientos, ya que lleva años violando la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, “al recurrir al uso de fuerza excesiva y al registro e incautaciones ilegales”. “El Departamento tiene problemas amplios y con raíces profundas. Los problemas han existido por muchos años antes de la presente administración”, aclaró Pérez, poco antes de denunciar que “la Policía usa prácticas discriminatorias contra personas de origen dominicano”. Así, apuntó que la Policía no se asegura de que todos los individuos reciben igual trato con independencia de su sexo, origen, religión u orientación sexual.
Fortuño recordó, por su parte, que los problemas hoy denunciados se remontan a hace décadas y destacó su total compromiso con las autoridades federales para acabar con los problemas de violencia y corrupción en el seno de la Policía. El informe de 125 páginas apunta que persiste un patrón en el seno de la Policía que viola la Constitución “al usar la fuerza donde ninguna fuerza o una fuerza menor deberían ser utilizadas”. Como resultado, prosigue el informe, “agentes de la Policía de Puerto Rico han lesionado innecesariamente a cientos de personas y causado la muerte a numerosas otras”.
Resalta la existencia de un marcado distanciamiento entre la población y los agentes que rutinariamente entran en vecindarios con armamento de gran calibre, algo, señala el texto, contrario a los modelos de orden público generalmente aceptados. La Policía “se encuentra en profundo deterioro”, según el informe, ya que entre enero de 2005 y noviembre de 2010 hubo más de 1.700 arrestos de miembros de las fuerzas del orden locales acusados de delitos que van desde violación hasta asesinato, pasando por narcotráfico. Apunta que las políticas y procedimientos de la Policía sobre el uso de la fuerza, registros e incautaciones están obsoletas y falta organización, lo que achaca en parte a la carencia de supervisores cualificados. Además, afirma que las investigaciones administrativas dejan desatendidos casos de indisciplina y que algunas se han llegado a prolongar durante 10 años. El estudio asegura que el grado de corrupción y conducta criminal policíaca en Puerto Rico es elevado y contribuye a la crisis de la seguridad pública y los derechos civiles, al tiempo que el número de agentes envueltos en actividades criminales supera al de cualquier otra jurisdicción estadounidense. La presentación de este informe se produce, según aclara el propio texto, después de que en octubre de 2010 se ejecutara en la isla caribeña la operación contra la corrupción policial más importante en la historia del FBI, con la detención de 89 agentes acusados de posesión de drogas y violación de la ley de Armas.
Reacción del Superintendente
Mientras, según informa el diario digital elnuevodia, el superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, se negó a reconocer de forma clara ayer que el Departamento de Justicia Federal está en lo correcto cuando denuncia que existe un patrón sistemático de violación de derechos civiles por parte de la uniformada. “La Policía seguirá haciendo su trabajo con respeto y dignidad”, contestó en conferencia de prensa.
Previamente se le había hecho la misma pregunta y respondió: “Ningún policía viene a violar los derechos civiles”.
Más adelante mencionó que la Policía está trabajando con los señalamientos del informe divulgado ayer en la mañana en Fiscalía Federal, pero no aludió a ninguno en particular. Dijo que hay un comité especial designado para atender los hallazgos de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Díaz Colón comparó el voluminoso informe con los que tenía que llenar todos los años en el Departamento de la Vivienda Federal o en la Guardia Nacional, cuerpo que dirigió a mediados de la década del noventa. “La Policía reconoce que tiene que hacer unas reformas y (dar) unos adiestramientos basados en lo que aparece en el informe”, dijo.
Recordó que se han adiestrado a 1,500 oficiales en talleres de manejo de derechos civiles, estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el abogado Ramón Rosario, proveniente de La Fortaleza y del secretario de Justicia, Guillermo Somoza. A preguntas, el titular de Justicia indicó que la investigación en torno a los abusos de la Policía en medio de un motín en el Hotel Sheraton el año pasado no ha terminado por la falta de cooperación del principal agredido: el estudiante José Pérez, conocido como “Osito”.
En cuanto a la escaramuza entre manifestantes y policías ocurrida el 30 de junio de 2010 en el Capitolio, Somoza dijo que no hay investigación en curso por falta de testigos y querellantes. Cuando se le indicó que el gobernador Luis Fortuño no presentó declaración alguna en el proceso en que fue acusado y convicto un individuo por lanzarle un huevo en una actividad en Fajardo, Somoza respondió que la querella se hizo “a nombre del pueblo de Puerto Rico”.
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