Según el informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), RD actuó de manera incompatible con sus obligaciones comerciales al imponer un arancel de hasta el 38% a las importaciones centroamericanas
GINEBRA.- La República Dominicana actuó de manera incompatible con sus obligaciones comerciales al imponer un arancel de hasta el 38% a las importaciones centroamericanas de tejido tubular y sacos de polipropileno, utilizados para empaquetar productos alimenticios, agroindustriales e industriales.
Así se afirma en el informe provisional elaborado por el Grupo Especial designado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), enviado a las partes en litigio.
El informe es producto de una reclamación presentada por Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador contra la decisión de la República Dominicana de aplicar esa tarifa basándose en el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, que permite obstaculizar la importación de un producto temporalmente para proteger la producción nacional.
Cualquier miembro de la OMC puede adoptar una medida de "salvaguardia" si demuestra que el aumento de las importaciones de un producto (en este caso el polipropileno y el tejido tubular) causa, o amenaza con causar, daño grave a esa rama de producción.
En el caso dominicano, la legislación estipula que estas medidas se aplicarán cuando las importaciones de un producto, al margen de su origen, se incrementen o se realicen de manera que causan daño, o amenazan con causarlo, a un sector nacional de productos similares.
Los reclamantes argumentaron en este sentido que no se justificaba esta "salvaguardia", porque no se podía demostrar un perjuicio a la industria nacional, y que lo que la República Dominicana hizo fue sencillamente aplicar un arancel ilegal.
A la reclamación se sumaron como Estados terceros China, Colombia, la Unión Europea, Nicaragua, Panamá, Turquía y EEUU, y el Grupo Especial, establecido en marzo por el director general de la OMC, Pascal Lamy, comenzó sus trabajos el pasado mes de septiembre.
El informe provisional, que previsiblemente se presentará ante el Organo de Solución de Disputas (OSD) de la OMC a finales de diciembre o principios de enero, concluye que el Gobierno dominicano actuó "de manera incompatible" con sus obligaciones, no solo con respecto al Acuerdo de Salvaguardias, sino también con respecto al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT).
El grupo especial señala que con su actuación la República Dominicana ha anulado o menoscabado beneficios de los exportadores y considera que no ha podido probar que hubiera un supuesto aumento de las importaciones causante de un daño grave a la industria nacional, y ni siquiera la propia existencia de un daño grave.
El informe recoge que la República Dominicana "aprobó de manera definitiva un derecho del 38 % 'ad valorem' sobre las importaciones de tejido tubular y sacos de polipropileno" procedentes de Centroamérica, aplicables entre octubre de 2010 y abril de 2012.
No fue así en el caso de otros países como Colombia, México y Panamá, a los que se aplicaron aranceles menores (entre el 14 y el 20%), por considerar que son países en desarrollo, que en conjunto representaban solo el 1,21% de las importaciones investigadas.
A partir de abril de 2012, la idea dominicana era que las importaciones de los productos en cuestión estarían libres del pago de derechos de aduana, en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica y la República Dominicana.
La República Dominicana rechazó las alegaciones de los reclamantes, afirmando que la disputa carece de objeto y que no se pueden aplicar a las medidas impugnadas ni los principios del GATT de 1994 ni del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.
Pero el Grupo Especial indicó que las disposiciones de estos textos resultan aplicables al examen de las alegaciones presentadas.
Los representantes de Santo Domingo indicaron también que el grupo especial de la OMC no tiene jurisdicción sobre supuestas violaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), suscrito con Centroamérica, algo sobre lo que el grupo declinó pronunciarse.
El Grupo Especial termina recomendando a República Dominicana que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud de los acuerdos comerciales suscritos.
Así se afirma en el informe provisional elaborado por el Grupo Especial designado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), enviado a las partes en litigio.
El informe es producto de una reclamación presentada por Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador contra la decisión de la República Dominicana de aplicar esa tarifa basándose en el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, que permite obstaculizar la importación de un producto temporalmente para proteger la producción nacional.
Cualquier miembro de la OMC puede adoptar una medida de "salvaguardia" si demuestra que el aumento de las importaciones de un producto (en este caso el polipropileno y el tejido tubular) causa, o amenaza con causar, daño grave a esa rama de producción.
En el caso dominicano, la legislación estipula que estas medidas se aplicarán cuando las importaciones de un producto, al margen de su origen, se incrementen o se realicen de manera que causan daño, o amenazan con causarlo, a un sector nacional de productos similares.
Los reclamantes argumentaron en este sentido que no se justificaba esta "salvaguardia", porque no se podía demostrar un perjuicio a la industria nacional, y que lo que la República Dominicana hizo fue sencillamente aplicar un arancel ilegal.
A la reclamación se sumaron como Estados terceros China, Colombia, la Unión Europea, Nicaragua, Panamá, Turquía y EEUU, y el Grupo Especial, establecido en marzo por el director general de la OMC, Pascal Lamy, comenzó sus trabajos el pasado mes de septiembre.
El informe provisional, que previsiblemente se presentará ante el Organo de Solución de Disputas (OSD) de la OMC a finales de diciembre o principios de enero, concluye que el Gobierno dominicano actuó "de manera incompatible" con sus obligaciones, no solo con respecto al Acuerdo de Salvaguardias, sino también con respecto al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT).
El grupo especial señala que con su actuación la República Dominicana ha anulado o menoscabado beneficios de los exportadores y considera que no ha podido probar que hubiera un supuesto aumento de las importaciones causante de un daño grave a la industria nacional, y ni siquiera la propia existencia de un daño grave.
El informe recoge que la República Dominicana "aprobó de manera definitiva un derecho del 38 % 'ad valorem' sobre las importaciones de tejido tubular y sacos de polipropileno" procedentes de Centroamérica, aplicables entre octubre de 2010 y abril de 2012.
No fue así en el caso de otros países como Colombia, México y Panamá, a los que se aplicaron aranceles menores (entre el 14 y el 20%), por considerar que son países en desarrollo, que en conjunto representaban solo el 1,21% de las importaciones investigadas.
A partir de abril de 2012, la idea dominicana era que las importaciones de los productos en cuestión estarían libres del pago de derechos de aduana, en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica y la República Dominicana.
La República Dominicana rechazó las alegaciones de los reclamantes, afirmando que la disputa carece de objeto y que no se pueden aplicar a las medidas impugnadas ni los principios del GATT de 1994 ni del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.
Pero el Grupo Especial indicó que las disposiciones de estos textos resultan aplicables al examen de las alegaciones presentadas.
Los representantes de Santo Domingo indicaron también que el grupo especial de la OMC no tiene jurisdicción sobre supuestas violaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), suscrito con Centroamérica, algo sobre lo que el grupo declinó pronunciarse.
El Grupo Especial termina recomendando a República Dominicana que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud de los acuerdos comerciales suscritos.
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