Una coalición de organizaciones internacionales aclaró ayer que será una “audiencia temática” y no un juicio en contra del Estado dominicano la audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que tratará temas referentes a los derechos humanos de los dominicanos de ascendencia haitiana.
De acuerdo al pronunciamiento de las agrupaciones, las informaciones que se han publicado en la prensa nacional “contienen información incorrecta e incompleta con respecto a la activista Sonia Pierre” y la audiencia denominada “Respuesta Judicial en Casos de Desnacionalización en República Dominicana”, que será celebrada el próximo 24 de octubre.
La coalición está compuesta por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de Robert F. Kennedy, Refugees International, Christian Aid Reino Unido, Church World Service, Global Rights, Fundación Étnica Integral (FEI), el Movimiento Social y Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), la Red de Encuentro Domínico-Haitiana Jacques Viau (REDHJV), y la Asociación 1808 para la Cooperación y el Desarrollo .
“Aclaramos que esta audiencia no es un juicio en contra del Estado dominicano, sino un espacio de diálogo para discutir una situación que afecta los derechos humanos de los ciudadanos/as. Esta audiencia fue solicitada por más de doce organizaciones locales e internacionales, así como por algunos/as expertos/as a título personal”, establece el documento de las organizaciones.
Según las organizaciones, la audiencia había sido solicitada por más de 12 organizaciones entre locales y extranjeras, mientras que el movimiento Mujeres Domínico-Haitianas, dirigido por Sonia Pierre, apoyó la solicitud, sin embargo no fue quien gestionó ni presentó la solicitud. “La audiencia pública que se celebrará este mes en la sede de la Comisión Interamericana en Washington, trata sobre la política adoptada por el Estado dominicano para desnacionalizar a ciudadanos/as dominicanos/as y despojarlos de documentos de identidad válidos que el mismo Estado otorgó”, dice el documento como refuerzo de argumentación.
Las organizaciones aseguran que se trata de un espacio de diálogo para discutir una situación que afecta a los derechos humanos, y no de un juicio en contra del Estado dominicano.
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