La línea de transmisión se encuentra en cañaverales
Imbert, Puerto Plata.- El juez de Atención Permanente de esta provincia dispuso el envío a prisión de cuatro personas acusadas de atentado contra el Sistema Energético Nacional de la empresa Edenorte, tras robar barras de una torre.
Moisés Ferrer, Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico (Pgase), declaró que los detenidos están acusados de robarse 24 barras de metal de la torre número 73 que sirve de soporte a la línea de 138 megavatios situada entre Navarrete y Puerto Plata.
Esa línea de transmisión se encuentra entre los cañaverales del paraje Los Llabones de este municipio, y fue robada por dos haitianos para venderlas como desechos de metales.
Los imputados son: Freddy Bernardin, Ramón Andrés Almonte, José Alberto Minaya y Martín Tavárez Pérez.
Tanto a Bernardin como a Almonte les fueron impuestas medidas de coerción consistentes en prisión preventiva y fueron enviados a la cárcel pública de Moca.
Mientras a los dos restantes se les dictó el pago de garantías económicas.
Ferrer advirtió que las autoridades "seguiremos persiguiendo a los desaprensivos que quieren convertir el delito en su modus vivendi o un hobbie", debido a que son incentivados por los metaleros, quienes compran a precio de vaca muerta estos componentes eléctricos sin importar el daño grave que ocasionan al país.
El magistrado informó que actuará con mano dura contra todo aquel que se dedique a sustraer componentes eléctricos en cualquier parte del país, uniéndose así a la preocupación externada por el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini.
Moisés Ferrer, Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico (Pgase), declaró que los detenidos están acusados de robarse 24 barras de metal de la torre número 73 que sirve de soporte a la línea de 138 megavatios situada entre Navarrete y Puerto Plata.
Esa línea de transmisión se encuentra entre los cañaverales del paraje Los Llabones de este municipio, y fue robada por dos haitianos para venderlas como desechos de metales.
Los imputados son: Freddy Bernardin, Ramón Andrés Almonte, José Alberto Minaya y Martín Tavárez Pérez.
Tanto a Bernardin como a Almonte les fueron impuestas medidas de coerción consistentes en prisión preventiva y fueron enviados a la cárcel pública de Moca.
Mientras a los dos restantes se les dictó el pago de garantías económicas.
Ferrer advirtió que las autoridades "seguiremos persiguiendo a los desaprensivos que quieren convertir el delito en su modus vivendi o un hobbie", debido a que son incentivados por los metaleros, quienes compran a precio de vaca muerta estos componentes eléctricos sin importar el daño grave que ocasionan al país.
El magistrado informó que actuará con mano dura contra todo aquel que se dedique a sustraer componentes eléctricos en cualquier parte del país, uniéndose así a la preocupación externada por el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini.
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