Importaciones irregulares, exceso de producción local con costos que casi duplican el valor del producto en el mercado internacional, así como la falta de planificación para mantener un equilibrio adecuado de oferta y demanda, son las principales causas de la crisis que enfrenta el sector arrocero, agravada por atrasos de pago del Estado.
El arroz es un producto de alto consumo en el país, su cultivo genera miles de empleos y su variación de precio tiene un peso económico, social y político que puede hasta determinar los resultados de unas elecciones. Por eso, los gobiernos se han preocupado por mantener un equilibrio adecuado entre la rentabilidad de productores y molineros, y el precio final a los consumidores.
La fórmula que se determinó para lograr ese objetivo fue la pignoración, un programa mediante el cual el Gobierno aporta los costos de almacenamiento, del seguro y tasa de interés que acumulan los molineros para guardar y despachar el arroz en los períodos adecuados.
La pignoración representa un costo mensual aproximado de RD$100 millones y su aplicación fue tan efectiva en los últimos cinco años, que motivó a los arroceros a aumentar las áreas de producción y la frecuencia de las cosechas, de forma que la oferta ha superado la demanda. A eso se suman los contingentes de importación obligatoria que debe autorizar el Gobierno cada año, en el marco del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta).
En República Dominicana, el consumo de arroz promedia los 900 mil quintales mensual, es decir, 10.8 millones de quintales al año. Ese consumo no ha variado en los últimos años. Sin embargo, los inventarios disponibles, entre producción e importación, alcanzaron los 12.5 millones de quintales en 2010 y será mucho más para el año en curso.
Todo iba bien hasta que desde finales del año pasado, el Ministerio de Agricultura comenzó a atrasarse con el pago de los costos de la pignoración a la entidad financiara que lo cubre, el Banco de Reservas, y se acumuló una deuda con los molineros que a marzo de este año estaba en RD$538 millones. A eso se suman los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que han llevado la deuda de la pignoración a cerca de RD$900 millones.
Los molineros tienen en almacén 5 millones de quintales de arroz, que no colocan en el mercado porque presionarían una caída de los precios y les causaría pérdidas, mientras los productores ya vienen con la cosecha de invierno lista, no menos de 4 millones de quintales más, con lo que el contingente a abril del próximo año, antes de la cosecha de primavera, sería de 9 millones de quintales, dos millones por encima de la disponibilidad necesaria.
Los molineros están ofreciendo comprarle arroz a los productores a razón de 1,950 la fanega de 120 kilos, pero ellos reclaman que sean RD$2,100 para poder “cuadrar” en rentabilidad. Mientras tanto, se mantiene el tranque; el Estado no paga la deuda de la pignoración, que fue un invento de subsidio del propio gobierno sin establecer previamente los controles en el límite de producción, y el arroz que llega a los consumidores sigue caro, porque los molineros prefieren acumular las deudas pendientes, antes que liberar el producto y desequilibrar el precio.
Todo se habría evitado, si las autoridades hubieran controlado las áreas de siembra y producción, pero el gobierno nunca lo hizo, tal vez por la experiencia del costo político que representó para la gestión de Hipólito Mejía, cuando en una ocasión ordenó quemar las áreas de siembra de arroz no autorizadas. La medida era técnicamente correcta, pero políticamente fatal, y la oposición de entonces, que es la oficialidad actual, lo capitalizó muy bien en términos electorales.
Ahora se mantiene la presión de los productores y los molineros, que mediante diversas formas de protesta han expresado su exigencia de pago de deuda, pero se sienten limitados por la presión que desde el propio Ministerio de Agricultura reciben para que no ofrezcan declaraciones públicas sobre el proceso de negociación.
Varios hechos coincidentes
El vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, ha propuesto tres acciones inmediatas para corregir la crisis actual que afecta al sector arrocero.
Primero, que el Gobierno busque los cuartos para pagar la deuda de la pignoración acumulada; segundo, que se ubiquen almacenes del Estado para mantener fuera del mercado al menos un millón de quintales de arroz, y el otro millón excedente exportarlo a Venezuela a través del programa de PetroCaribe.
La tercera medida inmediata es establecer un programa serio de planificación de la producción y las importaciones, de forma que haya una definición específica de la cantidad de tierra a cultivar y el volumen de arroz a producir. Esto así, porque si bien los dominicanos pueden consumir el arroz nacional, su costo de producción es muy alto.
Para tener una idea, una tonelada de arroz de alta calidad cuesta actualmente en el mercado mundial 640 dólares, mientras que la producción local de esa misma cantidad tiene un costo de 800 dólares. Esto quiere decir, que sería mucho más barato traerlo de fuera que producirlo aquí.
Pero para cuidar al productor nacional y garantizar su aporte a la economía rural, se opta por el cereal local, asumiendo los costos, tanto el Estado con la pignoración, como el consumidor, que tiene que consumir un arroz con un precio de mercado que pudiera ser mucho menor.
Algunos se benefician más
Aunque las importaciones de arroz están definidas en unas 14,000 toneladas anual (308 mil quintales) en el DR-Cafta, dos elementos distorsionan ese mecanismo. El primero es un incremento irregular de entrada de arroz proveniente de Haití, país que importa más de lo que consume al año, por lo que se teme que sus excedentes de importación terminen aquí en forma irregular.
La segunda distorsión es que se estaría importando sin registro adecuado más de lo que establecen los contingentes, según denuncias de productores, aunque sin oficializar la información.
Un elemento que llama la atención es que una empresa, propiedad de un influyente funcionario vinculado al sector, tiene la mayor cuota de importación.
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