Fue admitido por el Tribunal de lo contencioso como interviniente voluntario en su triple condición de regidor, ciudadano y munícipe
La litis judicial iniciada por los vecinos desalojados de Altos de Brisas del Este contra el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) y el alcalde Juan de los Santos tomó hoy un rumbo inesperado al acceder al proceso el concejal Manuel Soto Lara, que fue admitido por el Tribunal de lo contencioso como interviniente voluntario en su triple condición de regidor, ciudadano y munícipe.
Soto Lara sorprendió a todos cuando, incluso al representante de la alcaldía José Sugilio, quien invocó la falta de calidad de Soto Lara para representar al ASDE, representación que recae sobre el alcalde de los Santos, según explicó el concejal.
Sin embargo, explicó que tras presentar calidad como regidor, ciudadano y munícipe, el tribunal colegiado de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, optó por admitirlo y reenvió el proceso para el próximo día tres de noviembre de 2001.
El diputado Juan Hubieres, las 71 familias desalojadas y un gremio de transportistas habían solicitado el amparo para evitar que el ASDE procediera al desalojo.
También al pago de medio millón de pesos por cada día que dejara de cumplir con el fallo, en caso de que les favoreciera.
Sin embargo, la intervención de Soto Lara le dio un vuelco a la litis y plantea que el municipio ni el Ayuntamiento pueden ser afectados por una acción de Juan de los Santos que fue ejecutada a "título personal" sin autorización de la Sala capitular, de lo que dijo tener constancia escrita emitida por el Secretario del Concejo.
Ahora, de lo que se trata es de determinar quién pagará a las 72 familias afectadas, en caso de que sean favorecidas por el tribunal.
Por lo pronto, el ASDE cosechó hoy una primera derrota en el tribunal al no poder evitar que Soto Lara fuera admitido como interviniente voluntario.
En otro orden, Soto Lara ha revelado que solicitará la presencia en audiencia del abogado del Estado que dio la orden para el desalojo.
-"Hay que determinar si el abogado del estado dispuso que fueran desalojadas las familias, demolidas las viviendas e incautados los ajuares", explicó el letrado.
No existe constancia de que a los desalojados les entregaron copias del proceso verbal de desalojo. Tampoco está claro si depositaron los ajuares en Monte de Piedad, como manda la Ley.
-"Juancito tendrá que pagar con su fortuna los daños que ha provocado a esas familias", dijo Soto Lara.
De su lado, el consultor jurídico del ASDE, José Sugilio, le dijo a Ciudad Oriental que el ayuntamiento cumplió con todos los procesos legales y que actuó correctamente.
Al ser preguntado sobre una franja de terreno en la avenida Ecológica que ocuparía La Sirena, Sugilio advirtió que también será desalojada, sin precisar fecha.
Poco después de ser anunciada la posposición de la audiencia con la intervención de Soto Lara, el letrado Juan María Castillo anunció que se sumaba a la iniciativa de este concejal, que se ha revelado como el más feroz adversario que tiene de los Santos en la alcaldía.
Soto Lara sorprendió a todos cuando, incluso al representante de la alcaldía José Sugilio, quien invocó la falta de calidad de Soto Lara para representar al ASDE, representación que recae sobre el alcalde de los Santos, según explicó el concejal.
Sin embargo, explicó que tras presentar calidad como regidor, ciudadano y munícipe, el tribunal colegiado de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, optó por admitirlo y reenvió el proceso para el próximo día tres de noviembre de 2001.
El diputado Juan Hubieres, las 71 familias desalojadas y un gremio de transportistas habían solicitado el amparo para evitar que el ASDE procediera al desalojo.
También al pago de medio millón de pesos por cada día que dejara de cumplir con el fallo, en caso de que les favoreciera.
Sin embargo, la intervención de Soto Lara le dio un vuelco a la litis y plantea que el municipio ni el Ayuntamiento pueden ser afectados por una acción de Juan de los Santos que fue ejecutada a "título personal" sin autorización de la Sala capitular, de lo que dijo tener constancia escrita emitida por el Secretario del Concejo.
Ahora, de lo que se trata es de determinar quién pagará a las 72 familias afectadas, en caso de que sean favorecidas por el tribunal.
Por lo pronto, el ASDE cosechó hoy una primera derrota en el tribunal al no poder evitar que Soto Lara fuera admitido como interviniente voluntario.
En otro orden, Soto Lara ha revelado que solicitará la presencia en audiencia del abogado del Estado que dio la orden para el desalojo.
-"Hay que determinar si el abogado del estado dispuso que fueran desalojadas las familias, demolidas las viviendas e incautados los ajuares", explicó el letrado.
No existe constancia de que a los desalojados les entregaron copias del proceso verbal de desalojo. Tampoco está claro si depositaron los ajuares en Monte de Piedad, como manda la Ley.
-"Juancito tendrá que pagar con su fortuna los daños que ha provocado a esas familias", dijo Soto Lara.
De su lado, el consultor jurídico del ASDE, José Sugilio, le dijo a Ciudad Oriental que el ayuntamiento cumplió con todos los procesos legales y que actuó correctamente.
Al ser preguntado sobre una franja de terreno en la avenida Ecológica que ocuparía La Sirena, Sugilio advirtió que también será desalojada, sin precisar fecha.
Poco después de ser anunciada la posposición de la audiencia con la intervención de Soto Lara, el letrado Juan María Castillo anunció que se sumaba a la iniciativa de este concejal, que se ha revelado como el más feroz adversario que tiene de los Santos en la alcaldía.
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