MANILA.- La expresidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo, negó este viernes a través de sus portavoces que haya solicitado asilo político en la República Dominicana en respuesta a los comentarios realizados por la titular de Justicia del Gobierno de Filipinas.Jesús Santos, abogado y portavoz de la familia Arroyo, desmintió en declaraciones a Efe que la exmandataria haya pedido asilo en el país caribeño o en cualquier otro.
La reacción por el entorno de Arroyo se produce un día después de que la ministra de Justicia, Leila de Lima, dijo a las prensa local que el Gobierno filipino ha pedido al dominicano que aclere si Arroyo ha solicitado asilo.
Las autoridades judiciales de Filipinas han prohibido a la expresidenta salir del país mientras no resuelva los casos de corrupción y fraude electoral que tiene pendientes con la Justicia.
“Arroyo y su marido han viajado a varios países desde que abandonaron la presidencia en 2010 y siempre han vuelto, es simplemente ilógico temer que no retorne”, recalcó el abogado.
Otra portavoz de la familia, Maria Helena Bautista Horn, señaló que el Gobierno debe mostrar esas pruebas de que Arroyo planea eludir los procesos judiciales que pesan sobre ella mediante un viaje sin retorno al extranjero.
De Lima dijo que según “informaciones sin comprobar”, la República Dominicana ha extendido pasaportes a Arroyo y varios miembros su familia.
Durante los últimos días, diarios filipinos han divulgado que Arroyo planeaba abandonar su país después de que el Ejecutivo le denegó el permiso para viajar a fin de recibir cuidados médicos en el extranjero.
Macapagal Arroyo, aquejada de una dolencia en la glándula tiroides y por otra en las cervicales, solicitó un permiso especial para someterse a un tratamiento médico en el extranjero, un trámite obligatorio dado que figura desde el pasado agosto en la lista de personas sobre las que autoridades consideran que existe un riesgo de fuga.
La expresidenta y su esposo, José Miguel, investigados por amañar, presuntamente, las elecciones legislativas de 2007 y los comicios presidenciales de 2004, han recurrido la prohibición ante el Tribunal Supremo.
En caso de que el Tribunal Supremo les conceda el permiso, podrán abandonar el país de forma inmediata.
Macapagal Arroyo, que gobernó Filipinas entre 2001 y 2010, tiene pendientes otros seis procesos judiciales por delitos de fraude y corrupción.
Está acusada de fraude fiscal en la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto a una empresa privada y de financiar las campañas electorales en 2004 y 2007 con los fondos de asistencia a los trabajadores filipinos en el extranjero, de compra de fertilizantes para agricultores y de beneficencia.
Uno de los últimos cargos presentados en su contra la acusa de corrupción en un contrato firmado con la empresa de comunicaciones china ZTE en 2007, supuestamente sobrevalorado en 200 millones de dólares (147 millones de euros).
El Gobierno filipino tiene previsto presentar al menos dos denuncias más contra Macapagal Arroyo antes de que termine el año.
Hasta el momento, ninguna de las acusaciones de delitos atribuidos a la expresidenta, actualmente diputada, o a su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia.
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