Álvarez Renta solicita permiso para cirugía ACUSA A LA DIRECCIÓN DE PRISIONES DE INDIFERENCIA

Santo Domingo

El empresario Luis Álvarez Renta, quien está recluido en la cárcel de Najayo, expresó su temor de sufrir una parálisis permanente si no es sometido a corto plazo a una cirugía en la columna vertebral.   

Eric Raful, abogado de Álvarez Renta, indicó que su cliente se queja porque supuestamente las autoridades de la Dirección de Prisiones han rehusado ofrecer las facilidades para que pueda ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de Santo Domingo.

Explicó que el lunes 5 de diciembre se intentó celebrar una audiencia de recurso de amparo incoada por su cliente para que se le autorizara trasladarse de emergencia al hospital Luis Eduardo Aybar, donde sería sometido a una cirugía por el doctor José Joaquín Puello, pero la vista fue suspendida luego de que los abogados del Banco Central y de la Dirección General de Prisiones recusaran al juez competente. La operación había sido programada para el próximo 10 de diciembre.

Como resultado de la recusación, el juez Eduardo Sánchez Ortiz declaró cerrada la audiencia hasta que sea decidida la misma por la Presidencia de la Corte de Apelación.

De acuerdo a Raful, el financista tiene tres años tratando de lograr que se le autorice esta operación, la cual ya le había sido negada dos veces a pesar de que su dolencia había sido detectada y confirmada por los médicos de la Dirección de Prisiones. Indicó que las autoridades han desconocido una recomendación formal presentada al Gobierno por la Comisión de los Derechos Humanos, que el Gobierno dominicano acogió y se comprometió a materializar.

Una comunicación dirigida al Gobierno por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el pasado 18 de octubre, expone que “en atención a la condición de salud del señor Álvarez Renta y al hecho de que se encuentra privado de libertad, la CIDH solicita al Estado dominicano que por razones humanitarias facilite el tratamiento necesario, de acuerdo con lo que dispongan las autoridades competentes”.

“En base a esta carta de la CIDH, Álvarez Renta le solicitó al Juez de la Pena de San Cristóbal, y a la misma Dirección General de Prisiones, conformar una junta de médicos escogidos y pagados por el Estado para que dictaminaran sobre su enfermedad y se procediera a actuar de acuerdo a ese dictamen”, precisó. Raful dijo que el Juez de la Ejecución de la Pena ordenó que se llevara a cabo lo solicitado, pero la Dirección de Prisiones desacató la orden del magistrado y no hizo nada. “Luego de intimarlos a cumplir con la orden del Juez, el señor Álvarez Renta interpuso el recurso de amparo”, dijo.