Participación Ciudadana declaró ayer que en la conformación de las Altas Cortes, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) uso el criterio de “la repartición” y puso en evidencia la existencia de un pacto entre el presidente Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, quien de esa forma consiguió la elección de cinco de sus dirigentes.
“Esta práctica vicia el proceso democrático, ya que se pacta en secreto y en forma poco institucional, pues los órganos de ninguno de los dos partidos aprueban este tipo de acuerdos que escogen jueces de lealtades individuales y que van a defender intereses partidarios, generando posteriormente conflictos a lo interno del órgano”, expresó el movimiento cívico.
En su informe sobre el 2011, el coordinador de Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, y el director ejecutivo, Javier Cabreja, deploraron que, a cinco meses de las elecciones, en la Junta Central Electoral (JCE) no se hayan resuelto las diferencias por la dirección del departamento de Informática, lo que a su juicio está erosionando la credibilidad del organismo “cuando las encuestas más acreditadas dan ventaja al candidato de la oposición”.
Criticaron que el país se haya “quemado” en las principales evaluaciones internacionales, el incremento del narcotráfico, la violencia y la inseguridad, que la estabilidad y crecimiento económico se hayan basado en un fuerte endeudamiento y hayan generado un déficit comercial de nueve mil millones de dólares.
Calificaron como “fallida” la declaración del 2011 como el “Año de la Transparencia y la Institucionalidad”, debido “a la impunidad ante la corrupción, y criticaron la campaña electoral prematura”.
Manifestaron que las designaciones para el Tribunal Superior Electoral (TSE) obedecieron al inveterado sistema de la repartición partidaria, pues dos de los miembros titulares pertenecen al PLD y un tercero al PRD.
También cita que dos de los suplentes estaban relacionados con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), lo que a su entender “esta situación deja a los jueces electorales con un déficit de credibilidad, sobre su imparcialidad e independencia”. “También resulta preocupante que los tres jueces que sustentaron un voto disidente en el famoso caso de la Sun Land, Julio Aníbal Suárez, Eglis Esmurdoc y Ana Rosa Bergés, fueran separados de sus posiciones”, aseveraron.
Señalaron que de todos los integrantes de la anterior JCE, la doctora Aura Celeste Fernández, “precisamente la más independiente y coherente, fue la única que no fue incluida en ninguna de las cortes”. “Ello puede condicionar a los jueces a no tomar decisiones que afecten los intereses de los que controlen en cualquier momento el CNM”, precisó.
Participación Ciudadana deploró que las deliberaciones del CNM para las Altas Cortes y las entrevistas a Rafael Luciano Pichardo, Juan Luperón Vásquez y Hugo Álvarez Valencia se produjeran a puertas cerradas y sus resultados no fueran divulgados, sobre quiénes propusieron candidatos o de la forma en que votaron.
“En la designación de los miembros de los tres tribunales quedó evidenciado que el CNM no utilizó como parámetro en todos los casos las hojas de vida y las entrevistas realizadas. Por ejemplo, la hoja de vida y la entrevista del aspirante al TC Cristóbal Rodríguez superaron con creces las de varios de los designados”, afirmaron.
Aseguraron que lo mismo ocurrió en la SCJ y el TSE y que el Tribunal Constitucional tiene el serio reto de no caer en los mismos vicios que a su entender incurrió la Suprema Corte de Justicia, cuando ejercía la justicia constitucional.
Manifestaron que la mora en el fallo de los casos y la falta de independencia cuando se trataba de casos que afectaban al Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, hicieron perder legitimidad a la SCJ y contribuyeron a desplazar sus funciones constitucionales a un nuevo órgano.
Sostuvieron que por razones hasta ahora desconocidas el presidente de la JCE desautoriza a la autoridad máxima del área de Informática, otorgándole sus facultades a un subalterno, sobre quien los partidos mayoritarios habían manifestado desconfianza, al punto de haber solicitado su destitución.
“En vez de resolver la crisis sustituyendo al funcionario cuestionado o poniéndole un superior que inspirara la confianza de los partidos, el presidente del organismo insiste en una fórmula en la que el cuestionado permanece en el cargo”, expresaron.
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