Una ciudadana denunció en 2005 a jueza Sánchez Molina, y nadie le dio apoyo

En el 2005 ese entonces la justicia no se interesó por investigar la jueza, ahora se toma en cuenta la denuncia porque la hizo el embajador británico

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La jueza Altagracia Sánchez Molina ha sido centro de atención en los últimos días, debido a que está acusada de solicitar 6 mil dólares a cambio de una sentencia favorable a una empresa. Este caso que saltó a la luz pública a raíz de que el embajador del Reino Unido, Steven Fisher, denunció que empresas de su país se habían marchado de República Dominicana porque fueron víctimas de extorsión.

La misma jueza envuelta en este escándalo había sido denunciada y sometida en el año 2005, a causa de sospecha de que había actuado con favoritismo en una litis entre la ciudadana Rosa Abel Lora y el dirigente peledeísta Heinz Vieluf Cabrera, senador por la provincia de Montecristi, ex cónyuge y padre de sus hijos.

Tras años de luchas, afanes y tropiezos, la señora Abel Lora reacciona ahora con estupor al observar que bastó una simple queja del embajador británico para que se dispusiera una investigación sobre la jueza Sánchez Molina, mientras que a ella, que se supone que es una ciudadana dominicana con todos sus derechos, no se le prestó ninguna atención.

En una denuncia formal presentada ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de fecha 6 de junio del 2005, la ciudadana Rosa Abel Lora, denuncia que la jueza había emitido un auto de extinción de la acción penal después de “conversaciones” con el acusado.

“Que en varias ocasiones, en horas de la mañana, la magistrada Cleopatra González, fue vista reuniéndose por separado con el señor Heinz Vieluf, a la vista del público y de manera inescrupulosa”, indica la denuncia

Según la denuncia contra la magistrada del Juzgado de la Instrucción de La Romana, después que se reunió con el entonces acusado Heinz Vieluf Cabrera, la defensa de imputado solicitó a la jueza la extinción de la acción penal, pedimento que la magistrada acogió de inmediato.

“Tenemos a bien solicitar que disponga y ordene una exhaustiva investigación sobre el presente caso y la conducta de la magistrada Altagracia Sánchez Molina en lo relativo a su relación y su conducta para con el señor Vieluf Cabrera, el pasado 2 de junio del 2005”, explica la denuncia.

La señora Lora adjuntó a la denuncia una fotografía donde se observan los supuestos “intermediarios” de la jueza y testaferros del acusado en reuniones previas al fallo del juzgado de la instrucción de la Romana.

“Que en varias ocasiones, en horas de la mañana, la magistrada Cleopatra González, fue vista reuniéndose por separado con el señor Heinz Vieluf, a la vista del público y de manera inescrupulosa”, indica la denuncia contra la jueza.

Otra información que circuló en los corrillos judiciales en ese entonces era que la jueza Sánchez Molina reincidente en decisiones que de manera inexplicable favorecían una de las partes sin que mediara un firme sustento legal.

Rosa Abel Lora interpuso una demanda por Asociación de malhechores, violación de domicilio, robo agravado y daños y perjuicios contra la propiedad en contra el entonces Secretario de Estado, Heinz Vieluf, y los señores Harris Vieluf, Carmen Fidelina Martínez y Genero Asiático.

Lora acusaba a los imputados del robo de todos los enseres del hogar y convertir en una ruina su vivienda de Villa Rancho Arriba 12 del Complejo Casa de Campo de La Romana.

Según afirma la querellante, el poder y relaciones del dirigente peledeista Vieluf han pesado para que ningún tribunal haya ordenado que el hoy senador por la provincia de Montecristi pague por los daños a la propiedad que causó, el “desalojo ilegal a mano de militares” y la reconstrucción del hogar de la señora Lara.

En el 2005 la jueza Altagracia Sánchez Molina, era jueza penal, y actualmente trabaja en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Romana, y está bajo investigación del Consejo del Poder Judicial, que preside Jorge Subero Isa, en su condición de presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Después del escándalo público generado por la denuncia del embajador ingés, la abogada Cristina Rodríguez Vargas, quien representa a una empresa británica, presentó grabaciones y una denuncia formal ante el Consejo del Poder Judicial contra la jueza Sánchez Molina.