El Tribunal Constitucional (TC) recibió de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) expedientes sin fallar en materia de constitucionalidad que fueron depositados en 1996.
Mientras, unos 12 recursos fueron depositados este año, luego de que fuera conformado el Tribunal Constitucional. La gran mayoría de los expedientes que tendrá que fallar el TC son acciones directas en inconstitucionalidad, con un total de 265, mientras que 41 son recursos de amparo y tres sobre controles preventivos de tratados internacionales.
Los expedientes que la SCJ entregó al TC atacan leyes, decretos, resoluciones y normas emitidas por varias instituciones, sesiones, reglamentos, proyectos de leyes, sentencias y medidas de coerción.
Los dos principales partidos políticos presentaron recursos de inconstitucionalidad, el de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD), al igual que Alianza País, el Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y el Demócrata Institucional (PDI). También presentaron el candidato a la presidencia por el PRD, Hipólito Mejía, y el dirigente reformista, Amable Aristy Castro.
Apoderaron a la SCJ de recursos de inconstitucionalidad la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Hogar Crea, Central Nacional de Transportistas Unificados, Senado, Asociación de Industrias Farmacéuticas, Banco Central, Patronato de Apoyoal Ministerio Público.
Además, el Colegio de Abogados, Fundación de Padres de Niños de Colegios, el Sindicato Nacional de Trabajadores del IDSS, Defensoría Pública de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y la Superintendencia de Bancos.
Se resalta entre recursos pendientes de fallo uno depositado en 2002 por el dirigente político Rafael Flores Estrella, en contra de la Ley de Hidrocarburos.
Flores Estrella murió más tarde sin que se fallara.
También el TC debe revisar el acuerdo de cooperación entre el gobierno dominicano y SOS Kinderdorf Internacional; el convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II), suscrito el 9 de abril del 2005 por el Banco Central, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los conflictos armados.
La mayoría de los recursos de amparo fueron sometidos en el 2012, presentadas en contra del jefe de Estado de la Fuerza Aérea Dominicana, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Educación, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría, la Policía, Consejo Nacional de la Seguridad Social y PRD, entre otros.
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