SAN JOSÉ, Costa Rica (EFE).-República Dominicana se sentará en el banquillo de los acusados el miércoles y jueves de esta semana para responder por la acusación de que sus soldados “masacraron” a seis haitianos y a un dominicano en el municipio de Guayubín, en la provincia de Montecristi, en el año 2000.
Según la CIDH, el caso se enmarca en un contexto de “discriminación estructural” en contra de haitianos o personas de origen haitiano por parte de agentes dominicanos.
Los jueces de la CIDH efectuarán la audiencia por el caso conocido como "Nadege Dorzema contra República Dominicana" o "La masacre de Guayubín", el cual se refiere al presunto asesinato a tiros de seis haitianos y un dominicano en la frontera con Haití, a manos de agentes estatales dominicanos.
Según la demanda de la CIDH, presentada ante la Corte en febrero de 2011, miembros del Ejército dominicano dispararon contra un vehículo que transportaba a un grupo de haitianos.
Los hechos fueron juzgados por la justicia militar, aunque los familiares de las víctimas solicitaron que el caso fuera sometido a la jurisdicción ordinaria.
Tras varios años de proceso, la justicia militar absolvió a los militares involucrados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) inició este lunes, 18 de junio, en su sede en Costa Rica su período ordinario de sesiones número 95, en el que efectuará audiencias por dos casos de masacres en Guatemala y la República Dominicana y uno relacionado con un accidente de tránsito en Argentina.
Según la demanda de la CIDH, presentada ante la Corte en febrero de 2011, miembros del Ejército dominicano dispararon contra un vehículo que transportaba a un grupo de haitianos
El periodo de sesiones concluirá el próximo día 29 y en su desarrollo la Corte realizará diversas actividades, la mayoría privadas, y tres audiencias públicas por casos contra Guatemala, República Dominicana y Argentina.
Los jueces comenzarán mañana una audiencia de dos días por el caso conocido como "Masacres de Río Negro contra Guatemala" y escucharán los testimonios de los supervivientes Jesús Tecú Osorio y Carlos Chen Osorio, así como de algunos peritos.
Este caso se relaciona con la destrucción de la comunidad maya de Río Negro, así comola persecución y eliminación de sus miembros, mediante una serie de masacres ejecutadas por el Ejército y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en los años 1980 y 1982.
Según la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada ante la CorteIDH en noviembre de 2010, las masacres se ejecutaron dentro de una política de "tierra arrasada" dirigida por el Estado guatemalteco contra el pueblo maya y constituyen genocidio.
De acuerdo con la denuncia, el pueblo maya era calificado para la época como "enemigo interno" en un contexto de discriminación y racismo, en violación de los derechos humanos fundamentales.
La CIDH afirma que fueron ejecutadas más de 500 personas, muchas desaparecieron, hubo violaciones sexuales contra mujeres y niños fueron sometidos a esclavitud por miembros de las PAC, y los supervivientes fueron víctimas de desplazamiento.
La CIDH asegura que el Estado no ha investigado efectivamente los hechos, no ha castigado a los responsables, no ha identificado plenamente los restos de las personas ejecutadas, ni ha encontrado el paradero de las desaparecidas.
La otra audiencia pública que celebrará la CorteIDH se realizará entre mañana y el miércoles y es por el caso llamado "Mohamed contra Argentina".
Este se relaciona con irregularidades en el procesamiento y la condena penal impuesta a Oscar Alberto Mohamed por el delito de homicidio culposo como consecuencia de un accidente de tránsito que tuvo lugar el 16 de marzo de 1992. EFE
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