SANTO DOMINGO.- Miguel Vargas convocó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para este domingo, para adoptar medidas frente a lo que definió como “acciones irregulares y antiestatutarias tomadas por algunos miembros de la Comisión Política con el objetivo de desnaturalizar la esencia de la institucionalidad del partido”.
El presidente del PRD reveló que dio curso a las acciones legales incoadas por ante las jurisdicciones competentes para probar el carácter “fraudulento, antiestatutario y por tanto nulo” de la reunión realizada este viernes.
Hablando en la Casa Nacional del PRD, manifestó que esa convocatoria fue una acción de “clara deslealtad a la institucionalidad partidaria y en traición a su legado democrático”.
“Las pretendidas decisiones disciplinarias anunciadas en el hotel Santo Domingo, donde unas 60 personas levantaron las manos no pueden revocar el mandato de la XXVII Convención Nacional Ordinaria y el voto de mas de 600 mil militantes que en proporción del 97 por ciento de los electores perredeístas lo eligieron como presidente del partido” , expresó.
Vargas informó que mediante acto de alguacil notificó a los convocantes y a la Junta Central Electoral las violaciones en que se incurrió tanto en la convocatoria como en la celebración de la referida reunión.
Manifestó que no solo fueron violados los derechos constitucionales y estatutarios de los supuestos sancionados sino también de una parte de los “supuestos convocantes”, porque:
a) Los nombres que aparecen en la supuesta convocatoria firmando corresponden a personas que aseguran no haberlo hecho;
b) Aparecen consignados otros nombres que conforme a los Estatutos Generales del PRD carecen de calidad para dicha supuesta convocatoria;
y c) Porque la convocatoria se realizó para que la Comisión Política ejerciera facultades jurisdiccionales y/o disciplinarias, y/o contenciosas para las cuales no está estatutariamente autorizada.
Vargas declaró que las decisiones tomadas no le son oponibles ni a él ni al partido, en razón de que se habían tomado las medidas precautorias a los fines de advertir que esa convocatoria era “ilegal y antiestatutaria, por lo que sus resultados carecen de validez”.
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