El senador de Peravia, Wilton Guerrero, fue emplazado este jueves mediante un sometimiento por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a que demuestre que el ex presidente Hipólito Mejía fue transportado a Sinaloa, México, por el piloto del jefe del cártel de esa ciudad, conocido como Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien lo habría admitido luego de ser supuestamente apresado en un hotel del malecón de la Capital.
En el sometimiento, hecho a través de una querella, el ex mandatario demandó al legislador al pago de 50 millones de pesos, mientras que solicitó que el director de El Caribe, Osvaldo Santana, sea condenado al pago de un peso honorífico, por ser el medio que publicó la información.
La querella por difamación e injuria fue depositada por secretaría de la SCJ a través de los abogados Julio Cury y Jesús Féliz Jiménez, la cual incluye al director de El Caribe, Osvaldo Santana, en vista de que fue el medio que publicó la información.
Guerrero y Santana fueron acusados por Mejía de violación a los artículos 29 y 33 de la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
Los abogados Cury y Féliz explicaron que la querella fue interpuesta por ante la SCJ, en razón de que el senador posee jurisdicción privilegiada, conforme al artículo 154, numeral 1, de la Constitución, por lo que arrastra al coimputado Santana, correspondiéndole al más alto tribunal instruir y juzgar la acusación penal.
Mejía le imputa al legislador el rebasar los límites establecidos por la Constitución respecto del ejercicio de la libertad de prensa, y violar la Ley 6132 al declarar el 16 de mayo pasado que el ex mandatario fue transportado a Sinaloa, México, por el piloto del jefe del cártel de esa ciudad, conocido como Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien lo habría admitido luego de ser supuestamente apresado en un hotel.
La querella relata que en la edición del periódico El Caribe del 17 de mayo pasado, se publicó como noticia lo denunciado por Guerrero, que según Mejía constituye una “incriminación sensacionalista y maliciosa que ninguna sociedad de derecho, por el bienestar colectivo, debe permitir”.
Mejía expresa que su querella no responde a hipersensibilidades suyas, sino al interés de reivindicar el derecho que le asiste a todo ciudadano de expresar sus opiniones “al amparo de las libertades existentes y respetando siempre la dignidad, moral y honra ajenas”.
Aclara además que no por su condición de ex presidente de la República, sino de ciudadano común, él es acreedor de consideración y respeto, “y muy particularmente de que cualquier apuntalamiento que se haga sobre su persona no exceda los límites fijados por la Constitución y las leyes”.
Mejía puso en causa a Santana porque, según se lee, la propia Suprema Corte de Justicia ha decidido que la publicación es “el elemento constitutivo esencial de las infracciones a la libertad de expresión”. Dijo que esa jurisprudencia sienta el criterio de que todo director de medio debe verificar todo lo que aparece en el periódico a fin de evitar que se publiquen noticias que lesionen el honor y la consideración de las personas, lo que no habría ocurrido en su caso con el periódico El Caribe.
UN APUNTE
Apoderamiento
La presidencia de la Suprema Corte de Justicia deberá convocar al Pleno de ese tribunal para la ventilación de la querrella, sin la participación de la Procuraduría General de la República, en vista de que se trata de un caso de acción pública a instancia privada, en donde solo participan las partes interesadas, en este caso Mejía, el senador Guerrero y Santana.
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