La encuestadora habría alterado presupuestos sobre el número de horas que emplearía en realizar los sondeos solicitados
Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que abrió una demanda contra la encuestadora Gallup, conocida por sus análisis electorales, por inflar las cuentas de sus servicios requeridos por el Gobierno estadounidense.
Un exempleado de Gallup Michael Lindley, que fue director del servicio al cliente entre febrero de 2008 y julio 2009, denunció los hechos.
Según la denuncia, Gallup dio al gobierno presupuestos "inflados" del número de horas que emplearía en realizar las encuestas solicitadas por el Departamento de Estado y otras agencias federales "incluso aunque había informes internos con estimaciones menores".
"Los contratistas deben entender que es ilegal utilizar estimaciones infladas para obtener mayores precios de los contratos", señaló en un comunicado el juez adjunto interino de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Stuart Delery.
"La decisión de unirse a esta demanda civil pone de relieve el compromiso del Departamento de Justicia para recuperar los fondos federales que fueron requeridos ilegalmente", agregó.
Según la denuncia a la que tuvo acceso el canal NBC, Lindley fue repentinamente despedido después de quejarse por las altas facturas que se cobraba al gobierno y amenazar con que denunciaría estas prácticas ante el Departamento de Justicia si no se detenían.
Lindley asegura que el abogado de la firma le dijo que "cuando empiezas a hablar de ir al Departamento de Justicia, no confiamos en ti más", señala en la denuncia.
"Las empresas que trabajan con el Gobierno deben honrar su obligación de proveer servicios y productos de forma honesta", indicó por su parte el juez federal Ronald Machen.
Machen señaló que emplearán investigadores federales para recupera actuar "contra aquellos que han abusado del dinero de los impuestos de los estadounidenses".
Un exempleado de Gallup Michael Lindley, que fue director del servicio al cliente entre febrero de 2008 y julio 2009, denunció los hechos.
Según la denuncia, Gallup dio al gobierno presupuestos "inflados" del número de horas que emplearía en realizar las encuestas solicitadas por el Departamento de Estado y otras agencias federales "incluso aunque había informes internos con estimaciones menores".
"Los contratistas deben entender que es ilegal utilizar estimaciones infladas para obtener mayores precios de los contratos", señaló en un comunicado el juez adjunto interino de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Stuart Delery.
"La decisión de unirse a esta demanda civil pone de relieve el compromiso del Departamento de Justicia para recuperar los fondos federales que fueron requeridos ilegalmente", agregó.
Según la denuncia a la que tuvo acceso el canal NBC, Lindley fue repentinamente despedido después de quejarse por las altas facturas que se cobraba al gobierno y amenazar con que denunciaría estas prácticas ante el Departamento de Justicia si no se detenían.
Lindley asegura que el abogado de la firma le dijo que "cuando empiezas a hablar de ir al Departamento de Justicia, no confiamos en ti más", señala en la denuncia.
"Las empresas que trabajan con el Gobierno deben honrar su obligación de proveer servicios y productos de forma honesta", indicó por su parte el juez federal Ronald Machen.
Machen señaló que emplearán investigadores federales para recupera actuar "contra aquellos que han abusado del dinero de los impuestos de los estadounidenses".
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