SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El embajador dominicano ante el Foro de Estados ACP del Caribe, Willys Ramírez Díaz, demandó a Carlos Morales Troncoso y a la Cancillería de la República ante el Tribunal Constitucional por violación de sus derechos y por negarce a pagarle su salario en el cargo designado.
Junto al embajador Ramírez Díaz también elevó el recurso de amparo la tercera secretaria Leónidas Minaya Padilla,
Los demandantes afirman que el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a pagarles los salarios correspondientes.
“No así a los demás designados en esa dependencia estatal mediante el mismo decreto, con lo cual crearon una situación de exclusión y discriminación, en perjuicio de sus representados, todo lo cual esta totalmente prohibido por la Constitución”, explico el abogado de los demandantes Juan José Pena.
El recurso fue interpuesto en contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, MoralesTroncoso, José Manuel Trullols, Louis Bogaert Marra, Miguel Bogaert Marra y Agustina Sánchez Matos, funcionarios de la Cancillería.
Según los demandantes, esos funcionarios de la Cancillería presuntamente violaron sus derechos fundamentales al negarse a pagarles sus salarios, obstruirles su derecho al trabajo, impedirles el acceso a la seguridad social, entre otras violaciones a sus derechos.
El embajador fue nombrado a través del decreto numero 648-08 de fecha 17 de octubre de 2008 emitido por el presidente de la República.
Consecuencias
Según el abogado de los demandantes la negativa de la Cancillería ha perjudicado a los denunciados y también privó al país de establecer relaciones comerciales con el Caribe Ingles, y también a profundizar la cooperación, el comercio y la integración regional, de la promoción de la cultura y los lazos de amistad.
“Pero también, gracias a la arbitrariedad de las autoridades de la Cancillería fueron mermadas las oportunidades del país para aprovechar mejor el Acuerdo CARICOM-RD y el Acuerdo de Asociación Económica que suscribimos conjuntamente con los Países de la Comunidad del Caribe y la Unión Europea (AAE)”, indicó el abogado.
Este caso fue conocido en el Tribunal Superior Administrativo, y en fecha 27 de julio, esta corte rechazó el recurso de amparo y por lo tanto tuvieron que recurrir al Tribunal Constitucional.
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