El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo este viernes que la modificación al Código Procesal Penal (CPP), tendrá que hacerse más eficaz en la lucha contra el crimen organizado y los que transgreden las leyes, pero sobre todo que no haya impunidad en el país.
A juicio del máximo representante del Ministerio Público, hay que cambiar el mecanismo de la violación de la propiedad, por uno más eficiente.
Entiende que se debe disponer de mejores herramientas para ser más efectivos en la violencia intrafamiliar.
Indicó que uno de los puntos vitales a tomar en cuenta en la modificación del CPP es el relacionado a la imposición de garantía económica.
Tras señalar que hay una gran cantidad de personas que evaden el sistema de justicia dominicana con una simple garantía económica y el peligro de fuga no está suficientemente aclarada en la Ley, pero que en este proyecto que está trabajando la Cámara de Diputados se amplía el concepto de lo que es el peligro de fuga.
Citó que en una fiscalía pueda existir 7 mil prófugos se debe que se cuenta con un sistema no muy eficiente.
Manifestó que con este proyecto se va a limitar al tribunal y al fiscal de otorgar una garantía económica a una persona que haya cometido uno, dos, tres, cuatro y cinco hechos delictivos, porque tendrán que regirse por este principio a la hora de otorgarla.
“No es posible que el peligro de fuga pueda ser utilizado por una persona que haya delinquido en varias ocasiones, y pueda ser liberado fácilmente”, sostuvo.
Añadió que con una medida de coerción de este tipo, no se puede dar, por ejemplo, a personas que entren al país en una lancha rápida con drogas y que luego un juez le exija una precaución de RD$70 mil.
Afirmó que no es prudente imponer garantía económica a una persona que trafique con drogas y, sobre todo, si es extranjero, que no tenga una propiedad donde pueda ser localizado.
Explicó que esa condición ha traído como resultado que una gran mayoría de prevenidos estén en rebeldía de la justicia y ponderó que no se puede mantener en la calle por una garantía económica, a una persona que esté delinquiendo, sino que debe estar cumpliendo prisión por ese delito.
Indicó que “una persona que vive constantemente arrancando cadenas, robando celulares con un cuchillo en la mano o un arma tiene que estar en la cárcel, no hay otra fórmula y que las autoridades no se pueden dar el lujo de que constantemente ese sujeto sea beneficiado con algún tipo de garantía”.
También dijo que el Ministerio Público debe disponer de mayor facilidad para la obtención de las pruebas para que los fiscales puedan ser más efectivos en los tribunales.
Manifestó que la seguridad ciudadana es una meta, ya que toda persona tiene derecho a transitar libremente, sin ser atracado ni que se viole a una mujer.
El procurador sustentó que el proyecto va a profundizar en más de 94 artículos, a fin de garantizar los derechos a la ciudadanía, en caso de agresión por malhechores y violadores.
En otro orden, Domínguez Brito informó que están investigando la denuncia que hizo el senador oficialista de Peravia, Wilton Guerrero, relacionada a una operación de tráfico de drogas en la costa de la región sur, en la cual el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo, actuó en solitario.
Precisó que ese es un caso que preocupa mucho a la justicia y que en tal sentido apoderó al Ministerio Público para que investigue el caso, así como la circunstancia en que murió el sargento de la Marina de Guerra, Erasmo Antonio Ferreira Arias, ocurrida en el tramo Villa Sombrero-Matanzas, frente a la Hacienda Managú, por donde entró la droga.
Domínguez Brito habló de estos temas entrevistado en la Cámara de Diputados, mientras participaba de una reunión con la Comisión de Justicia de este organismo, que estudia la reforma al Código Procesal Penal. Estuvo acompañado de las fiscales del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso y Olda Diná, de la provincia Santo Domingo.
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