Antonio Meño, el joven español que permaneció 23 años en coma por una negligencia médica tras una intervención de cirugía estética, ha fallecido, informaron hoy a EFE fuentes del despacho de abogados que ejercieron la defensa judicial de su familia.
El joven quedó en coma vegetativo el 3 julio de 1989, cuando tenía 21 años, tras someterse a una rinoplastia en una clínica de Madrid que quedó absuelta tras los juicios iniciados por sus padres.
Su familia, que agotó la vía penal y civil para pedir una indemnización, fue condenada en 2009 por el Tribunal Supremo a pagar 400.000 euros en costas judiciales, lo que les supuso el embargo de su vivienda, aunque su abogado logró que el Tribunal paralizara la notificación, a través de un incidente de nulidad.
En la primera sentencia de 1993, la Justicia obligó a la aseguradora a indemnizar a Meño con 172 millones de pesetas (más de un millón de euros).
No obstante, tanto el juzgado de Primera Instancia como la Audiencia de Madrid (en 2000) y el Tribunal Supremo (en 2008) rechazaron las demandas de la familia y concluyeron que no existió negligencia médica.
Tras esta decisión, los padres de Antonio instalaron en 2009 un campamento en la calle, en la plaza Jacinto Benavente de Madrid, junto al Ministerio de Justicia y en pleno centro de la capital española, para reclamar una salida digna a la situación de su hijo.
El caso dio un vuelvo cuando Ignacio Frade, uno de los cirujanos que había presenciado la operación de Antonio Meño y ajeno a la situación por la que atravesaba la familia, pasó por delante de la tienda instalada frente al ministerio, se informó de lo sucedido y se ofreció a declarar.
El 17 de noviembre de 2010, el Tribunal Supremo admitió la demanda de revisión presentada por la familia y anuló las sentencias dictadas anteriormente.
El Alto Tribunal admitió la demanda por el testimonio de Frade, que aseguró que durante la intervención un anestesista se ausentó y no estaba presente cuando él mismo se percató de que se producía una alteración en la frecuencia del ritmo cardiaco de Meño.
Tras este hecho, la familia de Antonio regresó a su casa después de 522 días acampados.
Finalmente, en julio de 2011, la familia de Meño recibió una indemnización de 1.075.000 euros, lo que puso fin a 22 años de litigio.
Los padres de Meño señalaron que habían aceptado el acuerdo porque no tenían fuerzas para otro juicio, aunque tenían la sensación de haber "vendido" a su hijo.
La madre de la víctima, Juana Ortega, reconoció, entre lágrimas, que se había llegado a un acuerdo "miserable" con el que se sentía "muy mal, prácticamente humillada", pero que no tenía "fuerzas para seguir adelante" y enfrentarse a otro proceso durante diez años, por lo que aceptó el acuerdo pese a lamentar que hubiese quedado libre el anestesista.
Los juicios en torno a este caso fueron seguidos con una gran expectación de los medios de comunicación y de público, con el joven llevado en camilla ante el Tribunal Supremo.
Según dijo a EFE uno de sus abogados, Antonio Meño fue enterrado ayer lunes.
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