La Policía Nacional recomendó ayer al Poder Ejecutivo la cancelación de cinco agentes que participaron en el operativo para controlar una protesta escenificada el pasado jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), por no aplicar el procedimiento correspondiente en este tipo de manifestación.
En una reunión del Consejo Superior Policial realizada en la mañana de ayer, se ordenó el retiro de las filas de la institución del teniente coronel Ernesto Díaz Quezada, el capitán Marcelo Alcántara Valdez, el primer teniente Guillermo Rosario Guerrero, el segundo teniente Gabino Castro Lucas y el raso Eder Alexander Matos Feliz.
A estas cancelaciones se suma la del raso Jairon Medrano Germosén, quien fue enviado a la justicia y próximamente se le conocerá medida de coerción. A él se le acusa de matar de un disparo al estudiante de medicina William Florián Ramírez.
El vocero de la Policía, general Máximo Báez Aybar, espera que la expulsión de estos oficiales sirva de mensaje a los demás miembros de la institución para que actúen sin excesos. También exhortó a la ciudadanía a que ejerza su derecho a la protesta, pero de manera pacífica.
El máximo organismo policial, encabezado por el mayor general José Armando Polanco Gómez, jefe de la institución, se reunió por más de cinco horas en el salón del Consejo Superior Policial, donde estuvieron presentes el general Ricardo Rosa Chupani, en representación del Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul.
También estuvo presente la procuradora general adjunta, Carmen Díaz Amézquita, en representación del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; el subjefe de la Policía, general Víctor Antonio Campusano Jiménez; el general Neivis Pérez Sánchez, director Nacional de Seguridad Preventiva; el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo, entre otros.
La comisión que investiga el caso está encabezada por el general Frener Bello Arias, inspector de la Policía, y la integra el coronel Manuel Jiménez Feliz, del Departamento de Investigaciones de Homicidios, quienes trabajan en coordinación con el ministerio público.
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