El Gobierno desestimó ayer el acuerdo transaccional al que había arribado con personas que poseen títulos de propiedad dentro del área protegida Bahía de las Águilas, los cuales hace 16 años que están en litis judicial.
Así lo dio a conocer el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, quien leyó un comunicado en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, a través del cual el presidente Danilo Medina señala que adoptó la decisión en vista de que la propuesta de solución al problema que se dio a conocer había levantado críticas en cuanto a la legitimidad entre amplios sectores de la vida pública.
Mediante el comunicado reclamó del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y de la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeny Berenice Reynoso, que asuman la responsabilidad de defender el interés del Estado en este caso.
En ese sentido, señaló que aguardará un fallo definitivo de los órganos judiciales correspondientes a cuyo cargo están las litis que afectan a los terrenos aludidos.
Dijo que el Poder Ejecutivo confía en que las jurisdicciones apoderadas de las litis realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de los procesos y conclusión de los mismos.
“Nadie acepta que tras 16 años de iniciado este litigio, no se hayan producido sentencias definitivas que lo resuelvan”, precisa.
A través del comunicado dado a conocer por Rodríguez Marchena, Danilo Medina resalta que no había formalizado acuerdo definitivo sobre el particular y reconoció el esfuerzo, dedicación y compromiso de los funcionarios que fueron comisionados para procurar la solución que había adelantado, de quienes dijo actuaron por mandato expreso suyo.
La comisión está integrada por los ministros de Medio Ambiente y Turismo, Bautista Rojas Gómez y Francisco Javier García, respectivamente, y el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio.
Terrenos son del Estado
“Reiteramos ante el país que el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión, por lo que seguiremos explorando alternativas que nos permitan implementar el proyecto de desarrollo económico y social de toda esa zona para sacar de la miseria y el abandono a cientos de miles de ciudadanos de la zona Enriquillo”, agregó Medina a través del comunicado.
“Reiteramos ante el país que el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión, por lo que seguiremos explorando alternativas que nos permitan implementar el proyecto de desarrollo económico y social de toda esa zona para sacar de la miseria y el abandono a cientos de miles de ciudadanos de la zona Enriquillo”, agregó Medina a través del comunicado.
El jefe de Estado dijo que su preocupación seguirá siendo lograr sacar de la miseria a los habitantes de las provincias del Suroeste, para lo cual es indispensable que pueda darse el uso adecuado a los recursos naturales que hacen de Pedernales un polo turístico de magníficas potencialidades.
Medina informó mediante el comunicado que escuchó a personas e instituciones de la sociedad, quienes criticaron que se realice un acuerdo con personas sobre las que pesa la acusación de haber obtenido de forma fraudulenta los títulos que están alegando en la justicia. “En consecuencia y por recomendación de la comisión de funcionarios encargados de viabilizar el referido plan, se ha desestimado el acuerdo anunciado, el cual no se había formalizado a la fecha”, indicó.
Transparencia
Resaltó que el acuerdo desestimado mostraba las ventajas de obtener una solución rápida y definitiva, que permitiera convertir ese patrimonio en un bien aprovechable, mediante mecanismos jurídicos y financieros de gran transparencia, para promover los planes de desarrollo de esa región que el Gobierno había previamente estudiado y acordado.
Resaltó que el acuerdo desestimado mostraba las ventajas de obtener una solución rápida y definitiva, que permitiera convertir ese patrimonio en un bien aprovechable, mediante mecanismos jurídicos y financieros de gran transparencia, para promover los planes de desarrollo de esa región que el Gobierno había previamente estudiado y acordado.
“Procurando el mejor esquema posible que permitiera rescatar de la pobreza a los hombres y las mujeres de nuestro suroeste, el Gobierno dominicano diseñó un plan que permitiera destrabar la larga litis judicial en que se encuentran los terrenos del litoral de la provincia Pedernales.
A tal efecto se examinaron diversos mecanismos de solución, de los cuales se escogió el más expedito y definitivo que es el acuerdo transaccional que han dado cuenta los medios de comunicación del país”, puntualizó.
LAS QUEJAS MOTIVARON ECHAR ATRÁS DECISIÓN
A raíz de que el Gobierno diera a conocer la propuesta de solución, los ambientalistas, grupos comunitarios y medios de comunicación mostraron su desacuerdo, tras considerar que no era justo que dejaran en poder de terceros terrenos que habían sido adquiridos a través de un engaño.
Esto motivó a que desde la pasada semana el Presidente se reuniera con diversos sectores para escuchar sus opiniones, entre los que se destacan directores de medios de comunicación, periodistas encargados de las relaciones públicas de las instituciones del Estado y personas en particular, a quienes escuchó detenidamente.
El pasado miércoles numerosas organizaciones se instalaron frente al Palacio Nacional para demandar que el presidente Medina revocara la decisión por considerar que estaba premiando a personas que habían engañado a la nación.
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