La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de negar a dos lesbianas, una de ellas la madre biológica de la menor, la adopción de una niña de 12 años generó hoy controversia en la isla.
El activista de derechos humanos y portavoz de la organización Puerto Rico Para Tod@s, Pedro Julio Serrano, dijo hoy a Efe que la decisión dada a conocer este miércoles por el Tribunal Supremo de la isla es un "supremo disparate".
Serrano, líder de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT) en Puerto Rico, pidió por ello a la Asamblea Legislativa de la isla que tome la iniciativa para que la ley cambie y las parejas del mismo sexo puedan adoptar.
El alto tribunal decidió el miércoles en votación dividida que una mujer no puede adoptar a la hija biológica -nacida tras un proceso de inseminación artificial- de su pareja, también mujer, sin que ésta última pierda su vínculo jurídico con la menor.
Decidió por un ajustado 5 a 4 que el artículo 138 del Código Civil impide que en Puerto Rico una pareja de personas del mismo sexo adopte un menor.
La opinión mayoritaria, emitida por la jueza Mildred Pabón Charneco, determinó que el Artículo 138 del Código Civil impide la adopción solicitada, aunque el presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, disintió al señalar que la prohibición a la adopción solicitada es inconstitucional.
Sobre la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico también se pronunció la Alianza de Juristas Cristianos, cuya presidenta, Ivette Montes-Lebrón, señaló a Efe que lo único que hizo el tribunal fue interpretar el Código Civil de la isla caribeña.
"Esta decisión no se trata de conceder o no derechos a gais, se trata de interpretar el alcance de nuestra Constitución, no de reescribirla para acomodar los deseos y visiones particulares de personas", indicó la jurista.
Montes-Lebrón subrayó que algunas personas tratan de confundir a la opinión pública al señalar que la decisión del Tribunal Supremo estuvo fundamentada en la conducta sexual de las solicitantes de la adopción, cuando lo único que se hizo fue interpretar la ley.
"Se ha respetado el Estado de Derecho", resaltó Montes-Lebrón, para quien si se pretende que parejas del mismo puedan adoptar menores habrá que recurrir a modificar la Constitución de Puerto Rico.
La presidenta de la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia (CCEDFA), Myrna López Peña, también se pronunció sobre el asunto para señalar que el Tribunal Supremo tuvo que recalcar que sexo, orientación sexual y género no son sinónimos.
López Peña indicó que tanto la peticionaria como los jueces que votaron a favor de la adopción hacen un enredo intelectual y confuso para cambiar la definición de sexo que esta en la Constitución, sustituyéndolo por conductas en lugar de lo que es la biología humana.
Los 5 jueces que votaron en contra de la adopción fueron nombrados por el anterior gobernador, Luis Fortuño, de tendencia conservadora y que abandonó el poder el pasado noviembre al perder las elecciones generales en favor del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla.
El caso sobre el que se pronunció en Tribunal Supremo el miércoles hace referencia a una pareja de lesbianas, psicóloga y profesora universitaria, respectivamente, que mantienen una relación estable hace 25 años.
Las dos mujeres planificaron el nacimiento a través de inseminación artificial de la menor, que hoy tiene 12 años de edad.
La prensa local subraya que la decisión judicial del miércoles sitúa a Puerto Rico en dirección opuesta al resto de Estados Unidos, donde en 18 estados, incluida la capital, se permite a una persona del mismo sexo del padre o la madre adoptar un menor sin requerir a este último que ponga fin a su relación filial.
La polémica llega solo unos días después de la manifestación del lunes que reunió en San Juan miles de manifestantes, 200.000 según los convocantes, para proteger la familia y el matrimonio tradicional.
Los manifestantes protestaban así contra un proyecto para enmendar el Código Civil y aprobar las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo, propuesta del presidente del Senado, Eduardo Bathia.
Además, el PPD quiere que se incluya a las parejas del mismo sexo en los delitos de adulterio y Ley 54 sobre violencia doméstica.DE EFE
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