La comentarista hizo un recuento de posiciones y casos cuestionables en los escasos siete meses de Gobierno en los que la DIGEIG no ha dicho ni hecho nada.
1er caso: El director de Minería, Alexander Medina, fue empleado de la Falconbridge por 35 años, por lo que es pensionado de esta empresa que quiere explotar, a toda costa, Loma Miranda. Recientemente el funcionario dijo que la explotación de Loma Miranda no causará daño al ambiente de La Vega, y privilegió que la minera explote la zona y saque los 18 millones de toneladas de oro para que ésta se pueda mantener por 20 años más en el país.
“Es necesario que se esclarezca cual es el principio que debe primar en la Dirección de Minería, si el economicista, es decir, obtener recursos a cualquier costo, o aprovechar los recursos mineros acorde a un plan de sostenibilidad ambiental y económica”, expuso la comunicadora en El Gobierno de la Mañana (5:00 a 6:30 am).
2do caso: El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, quien siendo un importante funcionario del Gobierno, hombre de confianza Danilo Medina, a través de su empresa privada, Helidosa, mantiene un contrato con la Barrick Gold, la minera que explota la mina de Pueblo Viejo en base a un contrato leonino que apenas da el 3.2 % de los beneficios al Estado dominicano, y con la cual el país y el Gobierno tienen conflictos de intereses.
“Como dijimos ayer, este funcionario viola el artículo 135 de la Constitución, varios artículos de la ley 41-08 de Función Pública y el Código de Pautas Éticas que el Consejo de Gobierno aprobó el 22 de agosto pasado, sin embargo, ¿quién lo interpela, quién lo cuestiona e investiga? Nadie”, porque –como explicó- quien debe investigar estos conflictos de intereses y hacer recomendaciones, también viola las legislaciones dominicanas.
3er caso: El director de la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el propio Vincho Castillo, viola -como mínimo- los numerales 2, 9 y 16 de la Ley 41-08 sobre Función Pública, al abogar porque el Estado dominicano honre el contrato con la ICCSI, para la instalación de un sistema de Rayos X en los puertos, uno de cuyo accionistas es el médico Salomón Melgen, quien tiene una relación de parentesco con él. Tanto el fenecido Miguel Cocco como Rafael Camilo, ex directores de Aduanas, consideraron el contrato lesivo al interés nacional.
“Esto es como que la iglesia esté en manos de Lutero o que el zorro cuide las gallinas en este país. ¿Cómo va Vincho Castillo a investigar y a disciplinar a los funcionarios corruptos si él comete actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones?”
Patricia Báez recordó que la DIGEIG tiene un departamento, de Investigación y Seguimiento (DIS), el cual –según la propia página web de la institución- es el encargado de recibir e investigar las denuncias hechas por ciudadanos o por rumor público, por supuestas violaciones al régimen ético, disciplinario y de prohibiciones establecido en la Ley 41-08.
El numeral 2 del artículo 84 de la Ley 41-08 tipifica la acción de Gonzalo Castillo como lesiva a los intereses del Estado, pasible de destitución, por lo que la comunicadora le recomendó al funcionario rescindir el contrato con la minera o renunciar al cargo, de lo contrario, el Presidente puede destituirlo. Sin embargo, ni el Presidente ni el director de Ética se han pronunciado al respecto, mientras el mandatario anuncia otro código, esta vez para evitar las muertes maternas.
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