Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, escuchan en estos momentos los argumentos de la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, en torno al porque debe ser revocada la decisión, que declara extinguida la acción penal a favor del exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, un hermano y su esposa en el caso de Bahía de las Águilas.
El grupo está acusado de apropiarse de miles de tarea de tierra en esa zona.
El tribunal, presidido por la magistrada Miriam Germán Brito, e integrado por Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, y Juan Hiroito Reyes, luego de fallar un incidente presentado por la defensa del exdirector del IAD, dio las palabras al ministerio público para que presentara su argumento en torno al recuso de casación.
Al tomar el turno, la abogada Laura Acosta Lora, designada por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, para representar al Estado en el presente caso, explicó al tribunal que quien tiene que argumentar su recurso es la fiscal Berenice Reynoso, quien presentó el recurso de casación a la decisión emitida por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La fiscal sostiene que a diferencia de lo establecido por el Segundo Tribunal Colegiado, los plazos para que se extinga la acción penal en el presente caso no han perimido, pese a que la litis empezó a investigarse el 30 de junio de 1997, y se declaró extinguida la acción penal el 8 de octubre del 2012.
Berenice Reynoso alega que el tribunal de primera instancia debió intimar al Ministerio Público a conocer del fondo del proceso y no declarar de oficio la extinción, argumentando “que ya le había dado bastante tiempo (tres oportunidades) al Ministerio Público para conocer el caso”.
Aseguró que no existen razones legales para declarar la prescripción y que en un proceso de unos 15 años la defensa hizo todo lo posible para obstaculizarlo y todavía en el año 2010 estaban ejerciendo recursos.
Berenice Reynoso solicitó a los jueces anular la sentencia que declara extinta la acción penal del caso, y que remita el expediente ante la jueza presidenta de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para que apodere mediante auto a uno de los tribunales colegiados de esa jurisdicción, distinto al que emitió la decisión atacada.
La fiscal presentó recurso de casación en contra de la sentencia número 273-12 emitida el diez de octubre de ese mismo año por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, presido por Sarah Veras, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández.
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