EFE
La promulgación hoy por el presidente francés, François Hollande, de la ley del matrimonio homosexual abre la puerta a las primeras bodas, programadas ya para finales de mes, una forma de dar portazo a las multitudinarias manifestaciones en contra, cuyos organizadores siguen empeñados en dar batalla.
Hollande, con la publicación del texto legislativo en el Diario Oficial, formalizó el último trámite sólo unas horas después de que se conociera el dictamen favorable del Consejo Constitucional, al que había recurrido infructuosamente la UMP, el gran partido de la oposición de derechas.
El presidente, socialista, ya había avanzado que tenía intención de dar el paso de la promulgación rápidamente una vez que los magistrados del Constitucional dieran su visto bueno, y en cuanto el veredicto se hizo público subrayó su voluntad de poner fin a la controversia de los últimos meses.
"Velaré para que la ley se aplique en todo el territorio, con plena efectividad, y no aceptaré que se puedan perturbar estas bodas", advirtió Hollande, que un día antes se había mostrado "convencido de que esta ley se verá como lo que es: un progreso para la igualdad".
El Ayuntamiento de Montpellier, cuya alcaldesa, la también socialista Héláne Mandroux, se había significado como gran valedora del matrimonio homosexual, quiso marcarse un punto esta mañana al señalar que celebrará la primera boda del país entre dos hombres el día 29.
Los futuros esposos son Vincent Autin, responsable del colectivo de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en esa ciudad del sur del país, y su pareja desde hace siete años, Bruno.
Esa pareja, como otras que ya están programando sus matrimonios a partir de junio -que era para cuando el Gobierno calculaba que el dispositivo estaría preparado-, harán valer la nueva redacción del Código Civil, que pasa a establecer que "el matrimonio se contrae entre dos personas de diferente o del mismo sexo".
El Consejo Constitucional consideró que el Parlamento podía definirlo así porque eso no contraviene "ningún principio" de la Carta Magna, y porque tampoco hay ningún obstáculo a que se establezcan vínculos de filiación entre un menor adoptado y dos mujeres o dos hombres.
Echó así por tierra los argumentos del recurso de la Unión por una Mayoría Popular (UMP), aunque también señaló una "reserva", al advertir de que en el proceso de adopción no existe un "derecho al hijo" y de que lo que debe primar es "el interés del niño".
Esa puntualización, que concierne tanto a las parejas homosexuales como a las heterosexuales, puede enfriar las esperanzas de una parte de la izquierda para que se legalice próximamente la adopción por dos hombres o por dos mujeres de niños concebidos por procreación asistida o con madres de alquiler en el extranjero.
Los magistrados del Consejo argumentaron que "las parejas formadas por un hombre y una mujer están, respecto a la procreación, en una situación diferente de las de las parejas de personas del mismo sexo".
Y sobre todo, que no hay nada que "imponga que esta reforma vaya acompañada de una modificación del código sobre la procreación asistida, cuyo objetivo es paliar la infertilidad patológica, constatada médicamente, de una pareja formada por un hombre y una mujer, estén casados o no".
En cualquier caso, los colectivos que durante los últimos meses han organizado manifestaciones multitudinarias contra el matrimonio homosexual -que sacaron a la calle a cientos de miles de personas- no se dan por vencidos y han convocado una nueva concentración en París para el próximo día 26.
Algunas de las organizaciones que componen "La manif pour tous" no han dudado en cuestionar la legitimidad del dictamen de los magistrados del Constitucionalidad, en anunciar que boicotearán las bodas anunciadas y en exigir a los alcaldes de su bando que se nieguen a celebrar bodas de dos hombres o de dos mujeres.
Pero aunque también algunos diputados de la UMP han prometido revocar la nueva ley cuando vuelvan a gobernar, lo cierto es que en la práctica las uniones legales de homosexuales o lesbianas no se podrán deshacer y que los alcaldes recalcitrantes se exponen a sanciones.DE EFE
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