La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (ASOJURD), pidió hoy al procurador general de la República rectificar sus declaraciones en contra de la decisión de una magistrada que declaró la extinción de la acción penal en el caso de Bahías de Las Águilas, la cual calificó de “desastrosa y vergonzante”.
La directiva de la entidad integrada por Yuderka Villanueva, presidenta; Nancy Salcedo, secretaria general; y los demás miembros Radarc Coronado; Federico Fernández y Aloides Matías, sostienen que les resulta extraña y sorprendente las declaraciones de Francisco Domínguez Brito, quien criticó el tribunal que emitió la decisión.
Ayer, la presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gissell Méndez Álvarez declaró la extinción de la acción penal seguida al exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, su hermano Rafael y su esposa Reyna Margarita Martínez, bajo el alegato de que ha transcurrido el plazo máximo de duración del proceso, sin que haya intervenido sentencia definitiva e irrevocable al respecto.
ASOJURD envió una carta a Domínguez Brito en forma de protesta por la divulgación pública de sus aseveraciones, a fin de que tenga la “oportunidad de rectificar su posición, ya que nos resulta extraña y sorprendente”.
Los jueces sostienen que si algo parece “desastroso y vergonzante”, es que alguien en la posición de jefe del Ministerio Público haya podido utilizar tales epítetos frente a los jueces que han adoptado una decisión judicial en la que su institución tiene condición de parte.
Expresa que no es la decisión judicial la que puede generar desconfianza en la ciudadanía, como alega el procurador, sino, que alguien en su posición emita tales juicios frente a unos jueces que, por lo que han conocido, emitieron la sentencia explicando los fundamentos de lo decidido.
“Nos parece que, en tales circunstancias, lo más honorable y saludable para el derecho de los ciudadanos es que las críticas se centren en lo correcto o incorrecto de lo decidido a partir de sus fundamentos y no exponer a los jueces a la desconsideración pública, tanto personal, como de la institución a la que prestan servicio”, aducen los magistrados.
Señalan que la entidad fue creada para defender los intereses de los jueces y juezas y el Estado de Derecho como uno de los “valores permanentes de nuestra organización social, jurídica y política”.
Los magistrados expresaron su preocupación ante la crítica a la decisión de los jueces y el uso pernicioso de una posición pública para desmeritar a la Justicia, “eludiendo el problema real que debe ser discutido; a saber, si los jueces han podido dar o no la decisión en el sentido en que la han dado, en la situación concreta, a partir de los estándares del derecho vigente y la realidad de los hechos”.
Destacan que “acudir a los ataques, insinuados o frontales a la moral de los jueces que adoptan una decisión jurisdiccional, sólo se justifica, en un plano razonable, por alguien en vuestra posición, mediante una acción penal o disciplinaria, contra aquel o aquella de quien hubiere, al menos, sospecha fundada de haber incurrido en alguna falta moral o ética de lo que, en este caso, no conocen razones para hacerlo y que por tanto, si la hubiere, lo invitaron a proceder”.
“De lo contrario, los epítetos, desesperanza y desconsideraciones que se le atribuyen haber externado contra los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el caso de referencia, quedarían en el terreno de la real malicia y el interés pernicioso de una parte, lo que nos consta, no ha sido característico en vuestro proceder”, sostienen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario