PROCURADOR Y CDP Favorecen un Comisionado para acceso a la información CDP DICE QUE COMPETE AL PODER EJECUTIVO ORDENAR QUE SE CUMPLA LA LEY 200-04

Domingo

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, favoreció ayer la creación de un comisionado que vele y ejecute la ley de acceso a la información pública, ante el incumplimiento por parte de algunas entidades.

El jefe del ministerio público dijo que sería interesante la propuesta formulada en ese sentido por Miguel Franjul, director de LISTÍN DIARIO, por considerar que República Dominicana tiene que ir caminando hacia la transparencia.

Mientras que el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) señaló que es una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo ordenar a las instituciones públicas cumplir a cabalidad con la ley 200-04 sobre libre acceso a la información. En cuanto a Domínguez Brito, valoró la posición de Miguel Franjul, al tiempo que dijo esperar que sea un tema de cotidianidad de la ciudadanía, ya que la transparencia tiene que ir a todos los niveles.

Expresó que en la medida en que las autoridades procuren que todas las instancias se manejen dentro de ese esquema, en esa misma medida aumentan la democracia, la participación y el sentido de responsabilidad de la gente que ve con claridad cuáles son cada una de las actuaciones. Sostuvo que el acceso a la información tiene que abarcar un poco más, no solamente el acceso a la información del comportamiento público, sino que tiene que haber un respeto y una defensa a la libertad de la información.

A juicio del Procurador, no puede haber ninguna restricción a la libertad, tras señalar que tiene que defenderse la plena libertad, por considerarla fundamental.  El periodista Miguel Franjul planteó que dicho Comisionado sería una especie de defensor de la ley o un ente legal, similar a un Defensor del Pueblo, con autonomía para hacer valer en toda su magnitud esa formidable herramienta de la democracia.

Colegio de Periodistas
Aurelio Henríquez, del CDP, dijo que muchas instituciones del Estado no cumplen con lo establecido en la legislación, y señaló de manera particular a los ayuntamientos del país como principales infractores de la disposición.

Aseguró que uno de los inconvenientes es que las autoridades de los cabildos creen “que están fuera del Estado”, y por lo tanto no se ven compelidos a responder a solicitudes de ciudadanos y periodistas para mayor transparencia y control de los fondos públicos.