SANTO DOMINGO, RD.- El ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, dijo este miércoles que con la aprobación de la nueva Ley de Salarios y su cumplimiento a través de un reglamento que ya se está elaborado, y que será revisado por el Congreso Nacional, los funcionarios son pasibles de recibir sanciones de hasta cinco años de exclusión en la administración pública.
Destacó que el alcance de esta ley abarca hasta un juicio político a un funcionario que no cumpla con lo establecido en sus estatutos, ya que el objetivo es dar fortaleza institucional a la gestión en la administración pública.
“Hay una voluntad política para que la Ley General de Salarios para el sector público se cumpla, contenida con un mandato expreso en el artículo 144 de la Constitución”, dijo y recordó que hay una relación entre Administración Pública, Contraloría y Presupuesto para que la misma se ejecute tal y como fue aprobada.
Manifestó que en los casos del Banco Central e Indotel se dará un plazo de dos años para que los funcionarios regularicen su salario, y se acojan a los reajustes que establece la reglamentación de la ley.
Ventura Camejo señaló que la Administración Pública vigilará y supervisará por el fiel cumplimiento de ley, además de su transparencia e incentivo.
Destacó que un país no avanza, no se consolida, si no tiene instituciones fuertes, basada en leyes que se apliquen, que sean en su ejecución disuasivas en su práctica obligatoria.
Indicó que el Ministerio de Administración Pública comenzará a trabajar en la reglamentación y en las herramientas teóricas y metodológicas para la aplicación de la legislación, que no se limita a los salarios de los altos directivos públicos, sino que abarcará a todos los servidores públicos, partiendo con el procedimiento de describir los cargos, valorarlos, establecer sus competencias, ver los perfiles y fijar una escala salarial para todo el sector público.
El funcionario reiteró que la ley es respetuosa del grado de independencia de los poderes Legislativos y Judicial.
Sostuvo que no es posible con esta ley, que un funcionario se ponga un salario sin pasar primero por una supervisión.
SALARIOS
La Ley establece como salario tope para el presidente de la República RD$450 mil; para los presidentes del Senado, Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional, RD$400 mil.
Asimismo, para el titular del Tribunal Superior Electoral RD$375 mil; de la Cámara de Cuentas RD$350 mil; los ministros, el Procurador General de la República, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y el Contralor General RD$300 mil y, el Defensor del Pueblo RD$250 mil.
Al ser entrevistado en El Despertador, del Grupo SIN, Ventura Camejo señaló que la norma posee varias sanciones para lo que no cumplan con lo establecido y entre estas está la suspensión en el servicio público por cinco años, o sea éste no podrá ser empleado público por ese tiempo.
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