SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Defensoría del Pueblo alquiló un nuevo local en la plaza comercial Merengue, ubicada en la avenida 27 de Febrero esquina Tiradentes, para operar, de forma transitoria, hasta que el Ministerio de Obras Públicas le habilite la casona que rentó recientemente y cuyos trabajos se estiman durarán unos cuatro meses, informó hoy la titular de esa entidad, Zoila Martínez.
La exfiscal del Distrito Nacional dijo que decidió alquilar ese local para sacar a la Defensoría del Pueblo de su casa y de su oficina privada, debido a que una gran cantidad de personas llevan hasta su residencia sus reclamaciones.
Martínez manifestó que realizar esa labor desde su casa ha significado una carga en su factura del servicio telefónico, ya que, según dijo, ha tenido que devolver muchas llamadas a ciudadanos para ayudarle a resolver su problema.
Indicó que el local alquilado es de fácil acceso y que allí durarán entre cuatro y cinco meses.
“El protagonista de la Defensoría del Pueblo es el pueblo, donde debe tener espacio para que se sienta bien atendido, para que pueda la gente encontrar refugio para reclamar la protección de sus derechos humanos consagrados en la Constitución”, resaltó Martínez, quien fue elegida en mayo pasado por el Senado para ocupar el cargo, que se estrena por primera vez en el país a pesar de que fue establecido por ley hace 12 años.
Explicó que Obras Públicas le informó que está trabajando con el levantamiento de los planos para acondicionar la casa que albergará la Defensoría del Pueblo de manera definitiva, situada en la calle Pedro Henríquez Ureña, número 23, esquina Rosa Duarte, en Gazcue.
En el poco tiempo de funcionamiento, la Defensoría del Pueblo ha resuelto muchos casos sin ningún tipo de problemas, mediante el diálogo con las partes en conflictos y trasladándose hasta cualquier lugar para constatar la situación, según la funcionaria.
La figura del defensor del pueblo es una autoridad con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, facultada para iniciar de oficio o a petición, cualquier investigación en torno a violaciones de los derechos ciudadanos.
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