El catedrático universitario fue desaparecido en mayo de 1994, luego de pronunciar un discurso contra la reelección de Joaquín Balaguer; la CIDH condenó a RD por el caso
Los gobiernos de los últimos 19 años y el Poder Judicial incumplieron la promesa de resolver la desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo), reiniciando la investigación en más de 12 ocasiones y la debilidad institucional provocó que el país fuera sancionado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Durante este período de casi dos décadas los presidentes Joaquín Balaguer, en sus últimos dos años; Leonel Fernández, con 12 años; Hipólito Mejía cuatro y ahora Danilo Medina, prometieron por separado que la justicia tenía que resolver el caso Narcisazo.
La última promesa la hizo el pasado 24 de agosto la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, después de reunirse con la viuda de Narciso González, Altagracia Ramírez, anunció que iba a reiniciar la investigación y pretendía llamar a interrogatorio a las personas relacionadas con el proceso judicial.
Por la negligencia de las autoridades dominicanas la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado a pagar una indemnización de 393 mil dólares por la desaparición forzada el 26 de mayo de 1994 y la negligencia en la investigación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público.
Durante el primer gobierno de Leonel Fernández los fiscales Guillermo Moreno y luego Francisco Domínguez Brito, en el segundo mandato de gobierno de Leonel Fernández, Manuel Hernández Peguero y Alejandro Moscoso Segarra prometieron en ocho ocasiones reiniciar la investigación, pero no hicieron nada.
Durante este período, en octubre de 2007 el procurador general, Radhamés Jiménez Peña en tres ocasiones anunció el reinició de la investigación y prometió una recompensa de un millón de pesos a las personas que ofrecieran información sobre la desaparición del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Nueva vez en mayo del 2010, el doctor Jiménez Peña volvió a reactivar la investigación, algunos días después que el país fue sancionado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El profesor Narcisazo fue desaparecido el 26 de mayo de 1994, en el gobierno de los dos años de Joaquín Balaguer, quien prometió en varias ocasiones a los integrantes de la Comisión de la Verdad que el caso era investigado.
La querella fue presentada el 12 de junio del 1995 además de los familiares de Narciso, por Tomás Castro, Víctor Céspedes y Guillermo Moreno.
En junio de 1994, el presidente Joaquín Balaguer anunció que todos los organismos de seguridad de la Fuerzas Armadas y la Policía estaban investigando el caso Narciso González.
El presidente Leonel Fernández, 17 días después de haber sido juramentado, el día 2 de septiembre de 1996 se presentó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en un breve acto en la explanada del Aula Magna prometió que el caso Narcisazo sería abierto, “porque el profesor había sido su profesor y no podía quedar impune”, el 15 de abril de 1998 creó una comisión y le otorgó un plazo de 30 días para que le rindan un informe.
El 5 de agosto el presidente Fernández le entregó el informe al procurador Abel Rodríguez del Orbe y a través de Francisco Domínguez Brito envió el documento al juez de Instrucción.
Creó una comisión integrada por los generales de la Policía, Juan Ramón de la Cruz Martínez, el director del Departamento Nacional de Investigaciones, Sigfrido Pared Pérez quienes realizaron un centenar de investigaciones a policías, militares y civiles.
El juez de Instrucción del Séptimo Juzgado de la Instrucción, Alexis Henríquez Núñez y luego Eduardo Sánchez Ortiz fueron apoderados de la investigación, este último dictó prisión contra varios oficiales, entre ellos Constantino Matos Viillanueva, sustentada con el testimonio de la suplidora de la Fuerza Armadas, Paulina Alba, quien dijo haber escuchado en la sede la institución que el cadáver de Narcisazo sería llevado a la sede de la Policía Nacional por instrucciones de Matos Villanueva, pero una Cámara de Calificación los descargó por falta de pruebas.
Desde febrero del año 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juzga el caso, el Estado dominicano estuvo representado por el fiscal del Distrito, Francisco Domínguez Brito, y los procuradores de la Corte, Juan Amado Cedano y Ángel Castillo.
En el año 2000, el presidente Hipólito Mejía, a través del procurador general, Virgilio Bello Rosa y el fiscal del Distrito, Máximo Aristy Caraballo pidió a la Justicia que actuará, pero dijeron que se habían perdido piezas del expediente.
En junio del año siguiente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, intervino y le ordenó al juez de Instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, que concluyera ese caso y emitiera la providencia calificativa.
El 27 de agosto del 2001, el juez de Séptimo Juzgado de la Instrucción, Sánchez Ortiz, envió ante el tribunal criminal al exsecretario de la Fuerzas Armadas Constantino Matos Villanueva como responsables de la desaparición de Narciso González.
También las autoridades buscaron por ríos, camposantos y varias ciudades examinando cadáveres que supuestamente eran de Narciso González.
Según la versión del abogado Tomás Castro, varias personas que vieron a Narciso González, murieron de forma extraña, entre ellos, el capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, Silvestre Herrera Batista, durante un extraño accidente en la misma sede de la institución militar.
El dato
Otras víctimas
El abogado Tomás Castro ha dicho que otras personas que vieron a Narciso González en la cárceles militares, murieron de forma extraña, entre ellos el capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, Silvestre Herrera Batista, quien murió durante un extraño accidente en la misma sede militar.DEL NACIONAL.COM.DO
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