La próxima semana se perfila crucial para la estabilidad del Gobierno de coalición italiano de Enrico Letta, al abrirse mañana en el Senado la discusión sobre la posibilidad de retirar su escaño al ex primer ministro Silvio Berlusconi, tras su condena definitiva a cuatro años de cárcel por fraude fiscal.
En el Parlamento italiano no pueden ocupar un escaño personas con condenas en firme de cárcel superiores a los dos años en función de la llamada "ley Severino", que prevé, además, que con una sanción de este tipo no se pueda optar a un puesto de parlamentario durante un tiempo no inferior a los seis años desde el momento de la sentencia.
La tensión en Italia es alta, pues el partido de "Il Cavaliere", el Pueblo de la Libertad (PDL), ha amenazado con retirar su apoyo al Ejecutivo, del que forma parte como segunda fuerza, si se decide la salida forzada de Berlusconi del Parlamento.
Se trata de unas advertencias formuladas para presionar a la otra gran fuerza de la coalición, el Partido Demócrata (PD) de Letta, que, sin embargo, parece reacia a ceder e insiste en que hay que cumplir la ley.
En medio de este clima de confrontación, el futuro político de Berlusconi empezará a debatirse mañana a partir de las 13.00 GMT en la Junta para las Elecciones y la Inmunidad de la Cámara alta, compuesta por 23 parlamentarios y en la que a priori los números no juegan a favor del político conservador.
En este contexto, el PDL intenta que los trabajos de la Junta se alarguen y ganar tiempo para buscar la forma de escapar a la "ley Severino", con el objetivo de evitar el que supondría el final político de Berlusconi, tras más de veinte años en primera línea.
La defensa del conservador baraja varias estrategias, con diferentes recursos ante distintas instancias judiciales, con los que busca poner en duda la constitucionalidad de la norma y evitar su aplicación en este caso, mientras se especula con la posibilidad de que Berlusconi pida un indulto o la conmutación de la pena de cárcel por una multa.
A la espera de ver lo que sucederá a partir de mañana, Berlusconi ha protagonizado en las últimas semanas repetidos vaivenes en su postura que, aun sin una declaración oficial por su parte, han llegado a la opinión pública a través de las oportunas filtraciones y declaraciones a la prensa de sus correligionarios.
Es una estrategia utilizada para tantear los ánimos y conocer las posibles reacciones a sus eventuales movimientos.
Así, el pasado jueves parecía que se estaba al borde de la ruptura con las declaraciones de la parlamentaria del PDL y representante del ala más radical del partido Daniela Santanche, en las que aseguraba que era inminente la difusión de un mensaje de vídeo con el que Berlusconi anunciaba la retirada de su apoyo al Gobierno.
No obstante, en las últimas horas parece que ha vuelto a ganar terreno la corriente más moderada de la formación, que aboga por esperar el inicio de las deliberaciones de la Junta y ver cuál es la postura del PD.
Por el momento, uno de los pasos dados por Berlusconi ha sido recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo la aplicación de la "ley Severino", en un intento de demostrar que el caso "sigue abierto" y con la esperanza de que la Junta acepte esperar al dictamen de la corte para pronunciarse, lo que podría alargar el proceso varios meses.
La defensa de Berlusconi defiende que la "ley Severino" no puede aplicarse en su caso, pues el delito por el que ha sido condenado es anterior a la entrada en vigor de la normativa, y denuncia que el sistema italiano no permite a un ciudadano impugnar directamente una norma ante el Tribunal Constitucional.
Al recurso ante Estrasburgo se suma la memoria de la defensa depositada ante la Junta del Senado con los alegatos de seis juristas que expresan sus dudas sobre la constitucionalidad de la norma y que instan a interpelar al Tribunal Constitucional sobre el asunto, en un argumento que, de ser aceptado, también podría llevar a una extensión de los plazos.
Dos tesis que, por el momento, no han encontrado buena acogida en el PD, aunque la partida sigue abierta y en ella también puede jugar un papel importante el jefe del Estado italiano, Giorgio Napolitano, con la carta del indulto o la conmutación de la pena.
Napolitano, quien ha advertido en varias ocasiones de que una crisis de Gobierno ahora tendría consecuencias fatales y ha apelado a la responsabilidad de los partidos, no ha cerrado hasta el momento ninguna puerta al asegurar que, si recibe una petición de gracia, la examinará de forma objetiva, aunque también avisó a Berlusconi de que las condenas deben ser acatadas.DE EFE
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