En un comunicado divulgado en Santo Domingo, dicho Ministerio dijo que la decisión del Ejecutivo dominicano, un mes después de la controvertida sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), "va en contra del contenido de las conversaciones entre los funcionarios dominicanos y haitianos".
Planteó que pudo haberse buscado "una solución pacífica" al problema, "de acuerdo con lo prometido" por el presidente dominicano, Danilo Medina, durante una reunión que mantuvo con representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos poco después de darse a conocer la sentencia del TC.
Medina reconoció en dicha reunión que hay que buscar una solución al drama que vive los descendientes de haitianos en el país.
El TC resolvió a finales del mes pasado que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en la República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país "en tránsito".
El Ejecutivo dominicano anunció el miércoles al término de una reunión del Consejo Nacional de Migración, encabezada por Medina, que acata la sentencia del TC, al tiempo que informó de que en un plazo no mayor de 60 días deberá presentarse un plan para regular a los extranjeros en el país.
También decidió que en un plazo de 30 días la Junta Central Electoral, encargada del registro civil, rendirá un informe que recoja el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en su registro, tanto en su condición de regulares como irregulares.
El MHAVE dijo en su comunicado que la aplicación efectiva de la sentencia afectará a más de 210.000 dominicanos de ascendencia haitiana "colocándolos en una situación de apatridia con todo lo que esto puede causar en el marco jurídico y administrativo, incluso, respecto a la estabilidad de la isla".
El organismo subrayó "el importante papel de los migrantes haitianos en la agroindustria y otros sectores claves de la economía dominicana".
Por ello, llamó a las autoridades dominicanas "a proteger los derechos humanos de estas personas y promover el entendimiento mutuo y la amistad entre los ciudadanos de ambos países".
Asimismo, expresó su solidaridad con la diáspora haitiana en la República Dominicana, que comparte con Haití la isla La Española.
Igualmente se comprometió a utilizar "todos los medios políticos, diplomáticos y jurídicos disponibles para llevar a las autoridades dominicanas a reconsiderar su decisión o para limitar sus consecuencias desastrosas". EFE
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