Santo Domingo
La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales fue apoderada hoy de una denuncia en contra de la empresa minera Falcombridge Dominicana (Falcondo), por presuntos daños ocasionados con sus operaciones mineras en las Lomas Peguera, Ortega y Pontón, en las comunidades de Bonao, La Vega y Sánchez Ramírez.
La denuncia fue presentada por ante el Procurador adjunto Andrés Chalas, por la Academia de Ciencias de República Dominicana y la Fundación Padre Rogelio Cruz, a través del abogado Juan Frías Agramonte.
En la instancia piden al Misterio Público hacer todas las diligencias necesarias a los fines de que se pueda investigar e indagar la magnitud y responsabilidades del ilícito ambiental en cuestión.
Asimismo, pidieron al magistrado Chalas ordenar un descenso de comprobación de los hechos relatados conforme a la documentación depositada y con el auxilio de la fuerza pública y de los asesores técnicos pertinentes en un tiempo breve, a fin de evitar ocultación de pruebas y la fuga anunciada de los infractores.
En la denuncia también se pide a la Procuraduría de Medio Ambiente, ordenar una auditoría ambiental y financiera de la empresa minera, a partir del inicio de sus operaciones.
Aduce que una vez acogida la denuncia, el Ministerio Público tenga a bien presentar acusación formal en contra de Falcondo y sus representantes, y los elementos de pruebas que sustentan la acusación de la fundación, para que se dicte apertura a juicio.
Expresa que cuando el caso esté en juicio de fondo, el Ministerio Público pida a dicho tribunal condenar a Falcondo y sus representantes al pago de una indemnización preliminar mínima de 1% de las utilidades netas, bajo la administración del Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de la Academia de la Ciencias.
Igualmente, solicitan que el Ministerio Público pida al tribunal condenar al pago de una indemnización del cinco por ciento de las ganancias obtenidas por la empresa minera, ordenando resarcir directamente a personas individuales, asociaciones y federaciones campesinas, entre otros.
Además, que se ordene la incautación o secuestro de todas las maquinarias, vehículos o naves de transporte y de cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles de la empresa infractora, como medida cautelar, para garantizar el cumplimiento de la sentencia a intervenir.
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