Las masivas manifestaciones en Haití, para reclamar la renuncia del presidente Michel Martelly y mejores condiciones de vida, han disparado nuevamente los temores de una crisis en el empobrecido país, que había acariciado una tenue estabilidad en los últimos años, con el apoyo del resto del mundo.
En medio de denuncias sobre un supuesto plan de desestabilización con ramificaciones en el extranjero e inmerso en la reconstrucción tras el sismo que en 2010 destruyó parte de Puerto Príncipe y dejó 300.000 muertos, Haití ha visto resurgir la violencia en algunas localidades que, combinada con protestas de carácter político, deja, por enésima vez, a esa nación en estado de alerta.
La última de las manifestaciones, convocada por la oposición el 18 de noviembre, reunió en la capital a miles de personas, quienes encendieron neumáticos y arrojaron desperdicios en la vía pública y destrozaron carteles con el rostro del gobernante, acusado de supuesto abuso de poder y corrupción.
El hecho dejó cuatro heridos y varios detenidos por la Policía, y la advertencia de dirigentes de la oposición, como el senador Moïse Jean Charles, de que continuarán las protestas si Martelly, excantante de música popular, no renuncia al cargo de presidente que asumió el 14 de mayo de 2011, cuando sucedió a René Préval.
Charles adelantó que las fuerzas opositoras tienen planeado realizar un acto similar el 29 de noviembre, si para esa fecha el jefe de Estado se mantiene en el poder en el país más pobre de América.
La oposición haitiana exige de Martelly la "inmediata" celebración de las elecciones parciales legislativas y municipales, pospuestas una y otra vez, así como la reducción de los precios de los artículos de consumo básico, que se han disparado en los últimos meses.
También cuestiona la efectividad de los programas sociales y el derroche de dinero en actividades como la celebración del popular Carnaval de las flores, mientras cientos de miles de sobrevivientes del terremoto de 2010 siguen alojados en albergues en condiciones deplorables.
Según una denuncia de Fednel Monchéry, portavoz del Consorcio Nacional de Partidos Políticos, cercano al Gobierno, la oposición se ha aliado con mercenarios extranjeros para desestabilizar al país y, eventualmente, derrocar a Martelly.
Monchéry afirmó que, para ejecutar dicho plan, la oposición cuenta con respaldo económico del extranjero, lo que es rechazado por dirigentes opositores, como Evans Paul, líder de la Convención Unidad Democrática (KID).
Paul calificó la afirmación del oficialismo de "inaceptable" y, en cambio, hizo un llamamiento al diálogo "con serenidad" para solucionar la situación haitiana.
Los reclamos no son sólo de carácter social, sino político, debido a la incapacidad del Gobierno y los partidos haitianos de llegar a un acuerdo para celebrar las atrasadas elecciones locales y legislativas, reclamadas por EE.UU. y otros países y organismos como la ONU, que exigen que los comicios sean creíbles.
Martelly ha llamado a la calma y a la prudencia a los ciudadanos, ante lo que definió como el "peligroso" camino de las manifestaciones violentas, que, consideró, solo significarían un retroceso para el país caribeño.
La oposición respondió que esas declaraciones del presidente solo pretenden ganar tiempo y distraer a los haitianos quienes, aseguran, están sumidos en una gran miseria y desesperación ante las promesas incumplidas del mandatario.
La Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (Minustah), presente en el país desde 2004 a raíz del movimiento armado que derrocó ese año al expresidente Jean Bertrand Aristide, ha expresado su preocupación por el resurgimiento de la violencia en algunos puntos del país como, por ejemplo, en los barrios de Cité Soleil.
"Tales actos criminales son de especial preocupación porque ponen en peligro la seguridad de todos y la paz social que Haití necesita para avanzar en el camino de fortalecimiento del Estado de Derecho y desarrollo socioeconómico", señaló la jefe de la Misión, Sandra Honoré.
La funcionaria prometió, sin embargo, que la fuerza multinacional continuará su apoyo a las autoridades haitianas, en particular a la Policía Nacional con el fin de prevenir la violencia y fortalecer la institucionalidad.
Esas declaraciones se produjeron poco después de que el canciller uruguayo, Luis Almagro, señalara que, de continuar el "grave deterioro" de la democracia en Haití, su país analizaría el retiro de las fuerzas de paz que colaboran con la Minustah.
La propia ONU confirmó que Uruguay ya ha mantenido los primeros contactos con el organismo para hablar sobre una posible retirada de sus militares de Haití en medio del clima de violencia.
De acuerdo con un reciente informe de la Comisión Episcopal Nacional Justicia y Paz, las recientes tensiones políticas y la falta de un proceso de desarme han facilitado en Haití el aumento de la tasa de inseguridad, ya que promueven la manipulación de las masas por razones políticas.
Un informe de dicha Comisión señala, además, que de julio a septiembre de este año, se registraron 284 casos de violencia, incluyendo 179 asesinatos a balazos en distintos sitios del país.DE EFE
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